Celso Amorín, el canciller brasileño, afirmó el domingo que estaba más interesado en saber el resultado del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona que el de las elecciones en Honduras. Un exceso verbal (casi imperialista) pero que debe entenderse en el contexto de la política exterior de su Presidente que se ha jugado a fondo, sin grises, sobre este tema.
Distante de esa postura, un EEUU que vuelve a participar por esta vez (¿?) en la región (luego de la autonomía relativa que la era Bush y el 11S nos legó). Barack Obama condenó el golpe y respaldó la democracia hondureña en su momento, pero no puede ir más allá de sus posibilidades (por eso es tan recomendable el ejercicio retórico, la pieza magistral de política que contiene el discurso de Arturo Valenzuela ante la OEA, reconociendo las elecciones hondureñas).
Y en versión doméstica, también dos contendientes: un Zelaya todavía vociferante pero cada vez más solo (lo cual se simboliza en que de los 300 manifestantes que dormían con él en la embajada meses atrás, hoy apenas queda un puñado); y, en el otro extremo, un Micheletti, miembro del mismo partido, aprovechando la interna política norteamericana (cuyo congreso condicionó la elección de autoridades a que el Ejecutivo dejará de apoyar sin condiciones a Zelaya), y que retorna al poder mañana después de un breve receso que, al no nombrar interino o reemplazante, es un fiel reflejo de la parodia trágica de su presidencia.
Casi todos conocemos los hechos más recientes en Honduras: un golpe de estado (o varios golpes); un presidente en el exilio y luego refugiado en la embajada del Brasil (sea por instancia de este país o con ayuda venezolana); otro presidente de facto que dio muestras de una muñeca política que le permitió sobrevivir a la presión de toda la comunidad internacional; un pacto no cumplido por maniobras políticas del más variado cuño; y, al final del día, unas elecciones relativamente limpias y transparentes y un Presidente electo… lo cual, convengamos, es una situación cualitativamente distinta a la de la semana pasada.
Porfirio Lobo, el ganador de los comicios, es un representante conspicuo de ese pequeño círculo de hierro, dueño y señor del país, un hombre de derecha que difícilmente cambiará los índices de desigualdad y de pobreza que hacen palidecer de vergüenza a cualquiera, pero ha sido elegido democráticamente, lo cual complica la situación para muchos actores, más allá de Micheletti, Zelaya o el propio Lobo.
Es complicada para Brasil, por ejemplo, que no las tiene todas consigo: lo de Honduras y el recibimiento que hizo al presidente iraní la semana pasada, son analizados por muchos como dos traspiés consecutivos en su recién estrenada mayoría de edad en la escena internacional.
También para la OEA, que no puede ir más allá de lo que los países que la componen deciden por ella, y que también se enfrenta a un quiebre, por lo menos retórico, entre sus miembros (y, por tanto, contribuyendo al proceso y pérdida de relevancia que ha venido sufriendo por obra y gracia de sus propios integrantes).
Finalmente, es complicada para muchos países que retiraron sus embajadores, que dicen que no reconocerán el proceso, pero que saben que no hay muchas más alternativas.
En ese contexto, ¿es defender un golpe de estado apoyar las elecciones del domingo en Honduras? Por supuesto que no.
Los cientos de miles de hondureños que votaron (en malas condiciones, con personajes proscritos o refugiados, con candidatos renunciantes, etc. etc.), merecen que los políticos hondureños y la comunidad internacional encuentren alguna solución de compromiso que permita que todos salgan ganando.
Quizá el nuevo Presidente electo o el Congreso pueda facilitarla: ¿amnistía?, ¿retorno simbólico de Zelaya por unos días?, ¿ambas? Hay una máxima que no debe olvidarse: a los derrotados hay que darles una salida digna (lo cual es difícil hoy por los antecedentes que tenemos, pero esperemos que por una vez todos los actores estén a la altura de las circunstancias).
Lo contrario, que líderes nacionales e internacionales con tanta responsabilidad se mantengan en sus trece, producirá que algunos muchos reconozcan al nuevo gobierno, otros muchos no, y que demos la espalda a quienes prefirieron el voto a cualquier otra alternativa, lo cual, a estas alturas, en Honduras y en cualquier otra parte del mundo, es más de lo que se puede pedir.
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El corsé de la OEA
La situación en Honduras está fuera de control. Si uno escucha las entrevistas tanto del presidente democrático depuesto como del presidente de facto en funciones se encuentra con discursos circulares sin espacios en común que permitan atisbar alguna posibilidad de resolución pacífica. Por el contrario, a medida que pasan los días las posiciones se abroquelan y polarizan tanto internamente como en el frente externo, y en ambos los intereses en juego son de tal complejidad que asustan: desde el frente bolivariano cuyos integrantes saben que una derrota hoy en Honduras podría ser la de ellos mañana; hasta la OEA que, como siempre en estas crisis, tiene que validarse como organización con el corsé impuesto por su propia institucionalidad.
Si hace unos años el sistema interamericano supo hacerse cargo de rupturas democráticas como la que se vive hoy en Honduras (con la hipocresía de Cuba de por medio), hoy se convierte en una prioridad su reinvención para enfrentar un desafío mucho más complejo y de difícil solución: la emergencia de gobiernos que, a pesar de su legitimidad formal, transgreden la institucionalidad democrática a través de mecanismos como la suspensión de tribunales constitucionales, la cooptación del poder judicial, la limitación de la libertad de expresión o, recientemente, el deseo de modificaciones constitucionales no en procura de profundizar las garantías democráticas o la redistribución del poder sino para legitimar el continuismo a través de la reelección (y en esto no hay contenido ideológico que valga porque lo mismo Menem que Uribe, Morales que Chávez).
A su vez, el resto de los países de la región más indignados que convencidos se enfrentan a la posibilidad de erigirse en gendarmes democráticos contraviniendo el principio básico de la convivencia democrática: la no ingerencia en asuntos internos.
Y no es casualidad que esta disyuntiva estalle precisamente en Centroamérica, la zona más frágil de la región. Tampoco que los antecedentes al conflicto hondureño hayan sido la acusación de asesinato a un presidente centroamericano y el autoritarismo bananero de otro.
En una lectura simple y correcta no hay duda que se debe repudiar el golpe de Estado, sin ambages y unánimemente. Ahora bien, si hacemos una lectura más compleja no hubo uno, sino tres golpes de Estado en Honduras (tomo esta idea prestada de M Á. Bastenier: “del Presidente; del Ejército y del Congreso”).
Hagamos un análisis u otro, se ha llegado a un punto de no retorno o, mejor, como se dice en algunos países de éste nuestro lugar en el mundo: nos han dado a elegir entre el moco y la baba.
Por ello, la convocatoria a elecciones anticipadas (como se hizo en su momento en varios países de Latinoamérica, desde la Bolivia de Siles Suazo a la Argentina de Alfonsín) podría permitir una salida que evitaría que uno u otro de los caudillos enfrentados salga triunfante, y más bien protegería esa institucionalidad democrática hoy resquebrajada.
A su vez, en lugar de demandar al secretario general de la OEA superpoderes más allá de los magros que le confiere su cargo, comencemos a discutir si acaso se puede hacer algo entre todos o dejamos que cada uno se salve como pueda.
La democracia es, entre otras cosas, la institucionalización de los conflictos, evitar que la política se traslade a las calles. Y la política hondureña hoy o está en las calles o fuera del país. Por tanto, su resolución vendrá de uno de esos dos lugares, y todos esperamos expectantes que no sea la primera alternativa la que se imponga.
Publicado en La Tercera de Chile y Pulso de Bolivia
Si hace unos años el sistema interamericano supo hacerse cargo de rupturas democráticas como la que se vive hoy en Honduras (con la hipocresía de Cuba de por medio), hoy se convierte en una prioridad su reinvención para enfrentar un desafío mucho más complejo y de difícil solución: la emergencia de gobiernos que, a pesar de su legitimidad formal, transgreden la institucionalidad democrática a través de mecanismos como la suspensión de tribunales constitucionales, la cooptación del poder judicial, la limitación de la libertad de expresión o, recientemente, el deseo de modificaciones constitucionales no en procura de profundizar las garantías democráticas o la redistribución del poder sino para legitimar el continuismo a través de la reelección (y en esto no hay contenido ideológico que valga porque lo mismo Menem que Uribe, Morales que Chávez).
A su vez, el resto de los países de la región más indignados que convencidos se enfrentan a la posibilidad de erigirse en gendarmes democráticos contraviniendo el principio básico de la convivencia democrática: la no ingerencia en asuntos internos.
Y no es casualidad que esta disyuntiva estalle precisamente en Centroamérica, la zona más frágil de la región. Tampoco que los antecedentes al conflicto hondureño hayan sido la acusación de asesinato a un presidente centroamericano y el autoritarismo bananero de otro.
En una lectura simple y correcta no hay duda que se debe repudiar el golpe de Estado, sin ambages y unánimemente. Ahora bien, si hacemos una lectura más compleja no hubo uno, sino tres golpes de Estado en Honduras (tomo esta idea prestada de M Á. Bastenier: “del Presidente; del Ejército y del Congreso”).
Hagamos un análisis u otro, se ha llegado a un punto de no retorno o, mejor, como se dice en algunos países de éste nuestro lugar en el mundo: nos han dado a elegir entre el moco y la baba.
Por ello, la convocatoria a elecciones anticipadas (como se hizo en su momento en varios países de Latinoamérica, desde la Bolivia de Siles Suazo a la Argentina de Alfonsín) podría permitir una salida que evitaría que uno u otro de los caudillos enfrentados salga triunfante, y más bien protegería esa institucionalidad democrática hoy resquebrajada.
A su vez, en lugar de demandar al secretario general de la OEA superpoderes más allá de los magros que le confiere su cargo, comencemos a discutir si acaso se puede hacer algo entre todos o dejamos que cada uno se salve como pueda.
La democracia es, entre otras cosas, la institucionalización de los conflictos, evitar que la política se traslade a las calles. Y la política hondureña hoy o está en las calles o fuera del país. Por tanto, su resolución vendrá de uno de esos dos lugares, y todos esperamos expectantes que no sea la primera alternativa la que se imponga.
Publicado en La Tercera de Chile y Pulso de Bolivia
Elecciones anticipadas en Honduras
Norbert Lechner escribió alguna vez que podía entenderse “la democracia como la institucionalización de los conflictos”. O, lo que es lo mismo, debemos evitar que la política se traslade a las calles.
Quizá el fenómeno principal que se vive en la región es la forma en que la entendemos y lo que esperamos de ella. Muchos gobiernos, a pesar de su legitimidad formal, transgreden la institucionalidad democrática a través de mecanismos que, sin quebrar la legalidad, le ponen cortapisas, como la suspensión de tribunales constitucionales, la cooptación del poder judicial, la limitación de la libertad de expresión o, recientemente, el deseo de modificaciones constitucionales no en procura de profundizar las garantías democráticas o la redistribución del poder sino para legitimar el continuismo a través de la reelección (y en esto no hay contenido ideológico que valga porque lo mismo Menem que Uribe, Morales que Chávez).
Todo ello ha tensionado sobremanera el sistema democrático y requiere no sólo una respuesta integral sino salidas imaginativas porque hay riesgos que van más allá de la coyuntura. Como se sabe desde hace varios años, menos de la mitad de los latinoamericanos están dispuestos a defender la democracia por razones éticas.
Y no es casualidad que esta disyuntiva estalle precisamente en Centroamérica, la zona más frágil de la región. Tampoco que los antecedentes al conflicto hondureño hayan sido la acusación de asesinato a otro presidente centroamericano, el de Guatemala; y el autoritarismo bananero de Daniel Ortega en Nicaragua.
En una lectura simple y correcta no hay duda que se debe repudiar el golpe de Estado, sin ambages y unánimemente. Sólo una digresión sobre este punto: lo decidido por Barack Obama en su momento ayudó mucho a que haya una posición monolítica de todos los países y organismos internacionales, pero EEUU también tuvo sus dudas al principio, y por horas se mostró menos confrontacional con los golpistas. Si queremos ver el medio vaso lleno, este es el dato más importante de lo ocurrido, y el que más nos concierne.
Ahora bien, si hacemos una lectura más compleja no hubo uno, sino tres golpes de Estado en Guatemala (tomo esta idea prestada de M Á. Bastenier: “El domingo estaba convocado un triple golpe: del presidente por querer que hubiera consulta; del Ejército por derrocar al jefe del Estado, y del Congreso por elegir a su presidente, Roberto Micheletti, como sucesor de Zelaya en un interinato hasta las presidenciales”).
Hagamos una lectura u otra, se ha llegado a un punto del que difícilmente se puede salir indemne, o mejor, como se dice en algunos países de éste nuestro lugar en el mundo, nos han dado a elegir entre el moco y la baba.
Honduras es una sociedad que posee un establishment primario, conservador y provinciano que fue sometida a debatir las sutilezas del modelo bolivariano extraído por arte de birlibirloque del sombrero de Manuel Zelaya, y estalló en mil pedazos. El miedo de la élite generó un temeroso y abroquelado respaldo a Roberto Micheletti, y, como es natural, la polarización de otros sectores que se le oponen y que tarde o temprano saldrán a enfrentarse en la calle, lo cual puede producir tanto dolor a los hondureños, como el ya sufrido en las últimas décadas.
Por ello, la convocatoria a elecciones anticipadas (como se hizo en su momento en gran parte de Latinoamérica, desde la Bolivia de Siles Suazo a la Argentina de Alfonsín) podría permitir una salida que evitaría que uno u otro de los caudillos enfrentados salga indemne y más bien protegería esa institucionalidad democrática hoy resquebrajada.
Quizá el fenómeno principal que se vive en la región es la forma en que la entendemos y lo que esperamos de ella. Muchos gobiernos, a pesar de su legitimidad formal, transgreden la institucionalidad democrática a través de mecanismos que, sin quebrar la legalidad, le ponen cortapisas, como la suspensión de tribunales constitucionales, la cooptación del poder judicial, la limitación de la libertad de expresión o, recientemente, el deseo de modificaciones constitucionales no en procura de profundizar las garantías democráticas o la redistribución del poder sino para legitimar el continuismo a través de la reelección (y en esto no hay contenido ideológico que valga porque lo mismo Menem que Uribe, Morales que Chávez).
Todo ello ha tensionado sobremanera el sistema democrático y requiere no sólo una respuesta integral sino salidas imaginativas porque hay riesgos que van más allá de la coyuntura. Como se sabe desde hace varios años, menos de la mitad de los latinoamericanos están dispuestos a defender la democracia por razones éticas.
Y no es casualidad que esta disyuntiva estalle precisamente en Centroamérica, la zona más frágil de la región. Tampoco que los antecedentes al conflicto hondureño hayan sido la acusación de asesinato a otro presidente centroamericano, el de Guatemala; y el autoritarismo bananero de Daniel Ortega en Nicaragua.
En una lectura simple y correcta no hay duda que se debe repudiar el golpe de Estado, sin ambages y unánimemente. Sólo una digresión sobre este punto: lo decidido por Barack Obama en su momento ayudó mucho a que haya una posición monolítica de todos los países y organismos internacionales, pero EEUU también tuvo sus dudas al principio, y por horas se mostró menos confrontacional con los golpistas. Si queremos ver el medio vaso lleno, este es el dato más importante de lo ocurrido, y el que más nos concierne.
Ahora bien, si hacemos una lectura más compleja no hubo uno, sino tres golpes de Estado en Guatemala (tomo esta idea prestada de M Á. Bastenier: “El domingo estaba convocado un triple golpe: del presidente por querer que hubiera consulta; del Ejército por derrocar al jefe del Estado, y del Congreso por elegir a su presidente, Roberto Micheletti, como sucesor de Zelaya en un interinato hasta las presidenciales”).
Hagamos una lectura u otra, se ha llegado a un punto del que difícilmente se puede salir indemne, o mejor, como se dice en algunos países de éste nuestro lugar en el mundo, nos han dado a elegir entre el moco y la baba.
Honduras es una sociedad que posee un establishment primario, conservador y provinciano que fue sometida a debatir las sutilezas del modelo bolivariano extraído por arte de birlibirloque del sombrero de Manuel Zelaya, y estalló en mil pedazos. El miedo de la élite generó un temeroso y abroquelado respaldo a Roberto Micheletti, y, como es natural, la polarización de otros sectores que se le oponen y que tarde o temprano saldrán a enfrentarse en la calle, lo cual puede producir tanto dolor a los hondureños, como el ya sufrido en las últimas décadas.
Por ello, la convocatoria a elecciones anticipadas (como se hizo en su momento en gran parte de Latinoamérica, desde la Bolivia de Siles Suazo a la Argentina de Alfonsín) podría permitir una salida que evitaría que uno u otro de los caudillos enfrentados salga indemne y más bien protegería esa institucionalidad democrática hoy resquebrajada.
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