Michelle Bachelet llega a La Paz justo para la finalización del primer acto de una obra que recién culminara el 2008 y en la que poco puede hacer (además de mostrarse compungida y expresar su preocupación). Brasil en cambio participa activamente en todo lo que ocurre porque la suerte de Bolivia siempre estuvo ligada al gigante latinoamericano.
Este fue un primer acto con altas dosis de tensión y enfrentamiento debido las legítimas presiones indígenas por mayor poder e inclusión, pero también de incertidumbre, por las cada vez más radicales demandas regionales por autonomía y nuevas competencias.
La escena final fue la presentación del proyecto de nueva Constitución en el occidente del país, y mítines opositores en cinco regiones donde se sancionaron a mano alzada estatutos autonómicos, una especie de constituciones regionales muy parecidas a las autonomías en España.
El gobierno desconoce estos estatutos entre otras cosas porque plantea competencias que no está dispuesto a ceder: educación salud, policía, capacidad legislativa y el control de los recursos naturales y la tierra.
Por su parte, la oposición rechaza el proyecto de nueva Constitución porque argumentan que fue aprobado solo por la mayoría oficialista, por ser antiliberal y por tratar de indigenizar el país.
Tanto el proyecto de Constitución como los estatutos autonómicos irán a plebiscitos en los próximos meses, el primer con todo el poder del Estado a su servicio y los segundos por iniciativa ciudadana. ¿El resultado? Imprevisible, la oposición regional y política tiene la esperanza que le insufló la reciente experiencia venezolana; y el gobierno seguro de que su legitimidad y popularidad aún son muy sólidas.
Ahora bien, por primera vez desde que comenzó esta etapa de inestabilidad en Bolivia, hay sectores radicales que comienzan a plantear la solución por el desastre: los grafittis que se pueden ver en Santa Cruz que llaman a las arma y que son de profundo corte racista, y los ponchos rojos que degüellan perros en señal de amenaza son expresiones minoritarias pero que encienden luces de alarma en todos los demócratas del continente. Lo más reciente son afiches con billetes de “100 cruceños” que se imprimieron en esa ciudad. El deseo de una nueva moneda refleja la polarizada que esta la situación y hasta donde están dispuestos a llegar los opositores. Ante expresiones como esa, Evo Morales ha declarado que, para evitar la desintegración del país, esta dispuesto a usar la incluso la fuerza, y esa es una expresión poco común en boca del líder indígena.
En cualquier caso, a pesar de la tregua navideña queda por delante una larga batalla, por el momento, solamente política. Pero está claro que en ambos bandos comienzan a terminarse los adjetivos a los que estábamos acostumbrados, y han pasado a desempolvar los sustantivos.
(Publicado en La Tercera el domingo 16 de diciembre de 2007)
Senador PS
Presidente Honorario de la Fundación Chile 21
Alejandro Navarro
Alejandro Navarro
Senador PS
Sergio Molina
Sergio Molina
Master en Ciencias Políticas
Ex Director de Comunicación del Gobierno de Bolivia
Yun - Tso Lee
Yun - Tso Lee
Doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad del Desarrollo
Modera:
Marcel Oppliger Periodista
Modera:
Marcel Oppliger Periodista
Sub editor de Opinión de La Tercera
Invita:
Eugenio Guzmán
Invita:
Eugenio Guzmán
Decano Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo
María de Los Ángeles Fernández
María de Los Ángeles Fernández
Directora Ejecutiva Fundación Chile 21
Día:
jueves 13 de diciembre de 2007
Lugar:
Sala de Rectoría, Campus San Carlos de Apoquindo, Av. La Plaza 700, Las Condes
Hora:
11:30 AM
La nueva Constitución
164 de los 255 representantes en la Asamblea Constituyente aprobaron el domingo pasado la futura Constitución boliviana.
El texto deberá ser refrendado en un plebiscito el próximo año.
Si es aprobada, se convocará a elecciones para Presidente y congresistas.
También el próximo año (no se sabe en qué orden) habrá un referéndum revocatorio.
Referéndum por la tierra
Habrá además otra consulta para la tenencia de la tierra (sobre la imposibilidad de tener más de 5 ó 10 mil hectáreas).
En cualquiera de los dos casos se afectará al latifundio, pero también a toda la agroindustria y la ganadería del oriente, que son por sobre todo extensivas.
Algunos de los puntos más destacados de la nueva Constitución:
Un nuevo Estado plurinacional
Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural. Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico.
Principios éticos
No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, vida nueva, vida armoniosa, tierra sin mal y camino o vida noble.
Reelección hasta por 10 años
Si se aprueba la nueva Constitución habrá reelección por un período constitucional (lo que no incluye la actual gestión, por lo que Evo Morales tiene la posibilidad de postular dos veces más, es decir, por 10 años).
Se incorpora la segunda vuelta electoral para Presidente y Vicepresidente, si ningún candidato obtiene el 50% más uno de los votos válidos; o un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de 10% en relación al segundo.
Asamblea Legislativa Plurinacional
El Congreso se llamará Asamblea Legislativa Plurinacional. Reducirá el número de diputados de 130 a 121 (que serán elegidos por circunscripciones uninominales); y en el Senado se incrementarán los representantes departamentales de 27 a 36.
Control de la sociedad civil al Estado
El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en la toma de decisiones de las políticas públicas. Ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y en empresas públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales o presten servicios públicos.
Respeto a la propiedad privada si cumple función social
Toda persona tendrá derecho a la propiedad privada, individual o colectiva que tenga función social. Se garantiza la propiedad privada siempre que su uso no sea perjudicial al interés colectivo. Se permite la expropiación de una propiedad, previa indemnización justa, por necesidad pública o porque no cumpla una función social.
Autonomías de cuatro tipos
Se establecen autonomias departamental, regional, municipal e indígena.
La autonomía regional se constituirá por voluntad democrática de la ciudadanía y por la unión de municipios, de provincias o de territorios indígenas originario campesinos con continuidad geográfica.
La autonomía indígena originaria campesina será expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones, cuya población comparta territorio, cultura, historia, lenguaje y organización.
No más dos tercios para elegir autoridades en el Congreso
Se anula el concepto de los dos tercios de votos para la elección de autoridades como el Contralor, el Defensor del Pueblo o los miembros de la Corte Electoral o, incluso, para modificar parcialmente la Constitución. Sólo se necesitará la mitad más uno.
El tema marítimo
El Estado declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos, y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio, constituirán objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.
Vivienda
Toda persona tiene derecho a un hábitat y una vivienda. En el radio urbano los propietarios no podrán poseer extensiones de suelo no edificadas mayores a las fijadas por ley.
Educación
La educación es obligatoria hasta el bachillerato. Se garantiza la inamovilidad del personal docente.
Seguridad social
Todas las bolivianas y los bolivianos tendrán derecho a la seguridad social con carácter gratuito.
Salud
El sistema de salud será único e incluirá a la medicina tradicional de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas.
El texto deberá ser refrendado en un plebiscito el próximo año.
Si es aprobada, se convocará a elecciones para Presidente y congresistas.
También el próximo año (no se sabe en qué orden) habrá un referéndum revocatorio.
Referéndum por la tierra
Habrá además otra consulta para la tenencia de la tierra (sobre la imposibilidad de tener más de 5 ó 10 mil hectáreas).
En cualquiera de los dos casos se afectará al latifundio, pero también a toda la agroindustria y la ganadería del oriente, que son por sobre todo extensivas.
Algunos de los puntos más destacados de la nueva Constitución:
Un nuevo Estado plurinacional
Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural. Se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico.
Principios éticos
No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, vida nueva, vida armoniosa, tierra sin mal y camino o vida noble.
Reelección hasta por 10 años
Si se aprueba la nueva Constitución habrá reelección por un período constitucional (lo que no incluye la actual gestión, por lo que Evo Morales tiene la posibilidad de postular dos veces más, es decir, por 10 años).
Se incorpora la segunda vuelta electoral para Presidente y Vicepresidente, si ningún candidato obtiene el 50% más uno de los votos válidos; o un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de 10% en relación al segundo.
Asamblea Legislativa Plurinacional
El Congreso se llamará Asamblea Legislativa Plurinacional. Reducirá el número de diputados de 130 a 121 (que serán elegidos por circunscripciones uninominales); y en el Senado se incrementarán los representantes departamentales de 27 a 36.
Control de la sociedad civil al Estado
El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en la toma de decisiones de las políticas públicas. Ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y en empresas públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales o presten servicios públicos.
Respeto a la propiedad privada si cumple función social
Toda persona tendrá derecho a la propiedad privada, individual o colectiva que tenga función social. Se garantiza la propiedad privada siempre que su uso no sea perjudicial al interés colectivo. Se permite la expropiación de una propiedad, previa indemnización justa, por necesidad pública o porque no cumpla una función social.
Autonomías de cuatro tipos
Se establecen autonomias departamental, regional, municipal e indígena.
La autonomía regional se constituirá por voluntad democrática de la ciudadanía y por la unión de municipios, de provincias o de territorios indígenas originario campesinos con continuidad geográfica.
La autonomía indígena originaria campesina será expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones, cuya población comparta territorio, cultura, historia, lenguaje y organización.
No más dos tercios para elegir autoridades en el Congreso
Se anula el concepto de los dos tercios de votos para la elección de autoridades como el Contralor, el Defensor del Pueblo o los miembros de la Corte Electoral o, incluso, para modificar parcialmente la Constitución. Sólo se necesitará la mitad más uno.
El tema marítimo
El Estado declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos, y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio, constituirán objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.
Vivienda
Toda persona tiene derecho a un hábitat y una vivienda. En el radio urbano los propietarios no podrán poseer extensiones de suelo no edificadas mayores a las fijadas por ley.
Educación
La educación es obligatoria hasta el bachillerato. Se garantiza la inamovilidad del personal docente.
Seguridad social
Todas las bolivianas y los bolivianos tendrán derecho a la seguridad social con carácter gratuito.
Salud
El sistema de salud será único e incluirá a la medicina tradicional de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas.
Una Constitución antiliberal
(Artículo de Fernando Molina Director del Semanario Pulso).-
Hay que decir de partida que la Constitución aprobada "en grande" por el oficialismo en la Asamblea Constituyente respeta los tres grandes derechos liberales que el occidente considera fundamentales desde la Revolución Francesa: vida, libertad y propiedad. Sin embargo, no lo hace de idéntica forma. Protege ampliamente el primero, en la mejor tradición humanitaria boliviana, mientras que pone a los dos siguientes serios límites, los más importantes que se hayan conocido en la historia legislativa del país.
La Constitución sólo acepta el derecho de propiedad "siempre que ésta cumpla una función social", lo que se repite en nuestras cartas magnas desde 1938, pero a ello ha añadido lo siguiente: "se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo". Y luego, más adelante, que la iniciativa privada debe "contribuir al desarrollo del país" para ser respetada por el Estado. Esta redundancia es muy decidora. En todo el documento se puede percibir un indisimulado recelo respecto a la gran propiedad privada, que encuentra su paroxismo en el campo de los recursos naturales.
Allí se dice una y otra vez, con redundancia machacona, que el Estado puede y debe participar directamente de la producción, que debe controlar estratégicamente a todos los otros actores, que éstos no tendrán ningún derecho propietario y que deberán pagar compensaciones por la explotación de los recursos de modo que el Estado reciba un beneficio "equitativo", etc.
Y aunque en casi todos los casos se permite que haya una cierta participación privada, en ninguno se trata de facilitarla y mucho menos impulsarla. En otras palabras, aunque no se dice que el Estado debe monopolizar la explotación de los recursos, se tiene esta idea, por decirlo así, "en la punta de la lengua", y si no se expresa claramente es sólo en consideración a la pobreza del país y a la necesidad que tiene del financiamiento transnacional para poner en funcionamiento su industria extractiva. La excepción la encontramos en el sector eléctrico, en el que la eliminación de la empresa privada se torna total: "La cadena productiva energética no podrá estar sujeta a intereses privados, ni concesionarse", dice el artículo 376. La aplicación de esta disposición implicaría la nacionalización de una importante cantidad de empresas extranjeras de capital norteamericano y europeo.
Esta aversión por las transnacionales se expresa también en la ruptura de uno de los principios de la Organización Mundial del Comercio en la que participa Bolivia, la igualdad entre los inversionistas extranjeros y nacionales. A contrapelo, esta Constitución señala que "la inversión boliviana será priorizada frente a la inversión extranjera" (aunque al decir esto contradice uno de los basamentos económicos que establece ella misma, según el cual ningún sujeto económico debe recibir un tratamiento "más favorable"). Como resultado tenemos que, de ser aplicada, esta Carta repelería a la gran inversión extranjera. Y no sería por error, sino por un deseo conciente.
En su punto de más extremo nacionalismo, la Constitución considera el ofrecimiento de ventajas a las empresas extranjeras y cualesquiera actos de “enajenación de los recursos naturales… a favor de potencias, empresas o personas extranjeras” como delito de “traición a la patria”, exactamente igual que el de tomar las armas contra el propio país, y pasible por tanto también a una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Esta es la forma en la que la mayoría oficialista de la Asamblea ha traducido al lenguaje constitucional el deseo del presidente Evo Morales de sancionar de forma draconiana a quienes en el futuro intenten privatizar las empresas públicas. El Presidente incluso habló de la pena de muerte. Aunque la Constitución no llega a tanto, en todo caso, de perfeccionarse, su contenido restringiría gravemente la libertad de pensamiento de los bolivianos en materia económica. En el futuro los ciudadanos tendrían sólo tres opciones: o coincidir con el mencionado nacionalismo económico, o tratar de cambiar la Constitución, o no participar en política. (En contrapunto, este proyecto amplía la libertad al separar el Estado y la religión y al poner límites estrictos a los mecanismos coercitivos). En cambio, el documento no cumple el deseo presidencial de levantar el secreto bancario, una consigna muchas veces empleada por Evo como caballito de batalla. Pese a todo, el secreto bancario sigue consagrado como una garantía constitucional.
Por otra parte, el Estado productor diseñado por esta Constitución debe ser también un Estado del bienestar, encomendado de proveer muchos y muy diversos servicios públicos, de redistribuir la riqueza agraria, promover la economía popular, generar empleos formales, crear empresas estatales que generen bienes públicos, formar fondos financieros no bancarios, repartir rentas de vejez, etc. Nos encontramos ante un movimiento que ya es clásico: Si se pone al Estado en el centro de la economía es para darle los mecanismos necesarios para repartir prosperidad entre todos.
Una Constitución centralista e indianista
Además del exacerbado nacionalismo, otra característica de esta Constitución “en grande” es su centralismo político. El texto proyecta una Asamblea Legislativa Plurinacional que monopolice la elaboración de leyes, y un gobierno central que controle casi todas las competencias importantes, incluyendo la fijación de todos los impuestos y la “gestión de la educación y la salud”. Con ello, las autonomías departamentales solicitadas por los departamentos del oriente y el sur del país no mejorarían los derechos que ya poseen estos departamentos, es decir, la elección directa de los prefectos y la administración de un puñado de competencias menores. Pero además la situación para los autonomistas incluso empeoraría, porque se formarían, además, autonomías regionales e indígenas dentro de los departamentos, las cuales tendrían sus propias autoridades.
Vemos entonces que, como ocurre normalmente, el nacionalismo ha conducido al centralismo. En esta Constitución el Estado central aparece muy celoso de su soberanía, excepto respecto a los indígenas, los cuales pueden formar “territorios” con jurisdicción propia que no deben someterse a otros niveles de gobierno (municipios, regiones y departamentos), y que son los únicos autorizados para gestionar algunas competencias clasificadas como privativas del centro, como los sistemas de salud. Las autoridades de estos territorios serían elegidas por los procedimientos indígenas de selección de dirigentes y no por voto directo. Y poseerían una justicia propia, que tendría la misma dignidad que la justicia nacional y que tendría facultades para perseguir todos los delitos, de acuerdo a normas propias culturalmente determinadas. Ninguna sanción dada dentro de esta jurisdicción podría apelarse ante la justicia ordinaria. La justicia comunitaria solamente estaría sujeta a la Constitución y por eso debería respetar los derechos que ésta instituye, inclusive la prohibición de la pena de muerte. Sin embargo, podría “interpretar interculturalmente” estos derechos (de una forma que no se especifica). Simultáneamente, la Constitución establece que los indígenas deberán estar especialmente representados en los órganos públicos no indígenas, por medio de disposiciones electorales especiales cuando se trate de instancias nacionales, y por medio de sus propios usos y costumbres cuando las instancias sean departamentales o regionales.
Todo esto le da carnalidad, por hablar así, a la declaración constitucional de Bolivia como un país “plurinacional”. Al mismo tiempo plantea un sinfín de preguntas sobre la viabilidad, la practicidad y la equidad de los sistemas de gobierno y de administración del país, que a primera vista parecen diseñados para sobre-representar a las corporaciones indígenas en detrimento de los ciudadanos no organizados, sean éstos indígenas o no. Y plantea dudas sobre los efectos que todo esto tendrá en la conflictividad del país, el racismo, la universalidad de los derechos, etc.
¿De la refundación a la reelección?
Para los políticos de oposición todo lo anterior puede ser más o menos discursivo (aunque esta evaluación no toma en cuenta que, en gran magnitud, los cambios retóricos no pueden carecer de efectos prácticos). Para ellos lo que cuenta es otra parte de la Constitución: la que autoriza la reelección continua del Presidente (por un mecanismo de votación que parece “hecho a medida”, pues da la victoria en la primera vuelta al partido con mayoría absoluta o al que gane con más del 40 por ciento de los votos y 10 por ciento de diferencia respecto del segundo) y la parte que manda la convocatoria a elecciones generales tres meses después de la promulgación de la nueva Constitución, de acuerdo a una nueva legislación y bajo la conducción de nuevos órganos electorales. Según la oposición, esto apunta a la perpetuación de Evo Morales en el poder y a esto es a lo que se ha reducido la pretendida refundación del país, porque los demás artículos son muy difíciles de concretar en la práctica. Hay que decir, sin embargo, que esta Constitución no parece pura palabrería. En este análisis, la reelección aparece más bien como uno de los muchos instrumentos que el gobierno pretende usar para acumular poder con un propósito que sin embargo no se agota en el poder mismo, y que pese a su confusión tiene la forma de un programa político. Un programa que no es socialista, en efecto, pero que al mismo tiempo resulta profundamente antiliberal y puede tener importantes consecuencias para el futuro del país.
Hay que decir de partida que la Constitución aprobada "en grande" por el oficialismo en la Asamblea Constituyente respeta los tres grandes derechos liberales que el occidente considera fundamentales desde la Revolución Francesa: vida, libertad y propiedad. Sin embargo, no lo hace de idéntica forma. Protege ampliamente el primero, en la mejor tradición humanitaria boliviana, mientras que pone a los dos siguientes serios límites, los más importantes que se hayan conocido en la historia legislativa del país.
La Constitución sólo acepta el derecho de propiedad "siempre que ésta cumpla una función social", lo que se repite en nuestras cartas magnas desde 1938, pero a ello ha añadido lo siguiente: "se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo". Y luego, más adelante, que la iniciativa privada debe "contribuir al desarrollo del país" para ser respetada por el Estado. Esta redundancia es muy decidora. En todo el documento se puede percibir un indisimulado recelo respecto a la gran propiedad privada, que encuentra su paroxismo en el campo de los recursos naturales.
Allí se dice una y otra vez, con redundancia machacona, que el Estado puede y debe participar directamente de la producción, que debe controlar estratégicamente a todos los otros actores, que éstos no tendrán ningún derecho propietario y que deberán pagar compensaciones por la explotación de los recursos de modo que el Estado reciba un beneficio "equitativo", etc.
Y aunque en casi todos los casos se permite que haya una cierta participación privada, en ninguno se trata de facilitarla y mucho menos impulsarla. En otras palabras, aunque no se dice que el Estado debe monopolizar la explotación de los recursos, se tiene esta idea, por decirlo así, "en la punta de la lengua", y si no se expresa claramente es sólo en consideración a la pobreza del país y a la necesidad que tiene del financiamiento transnacional para poner en funcionamiento su industria extractiva. La excepción la encontramos en el sector eléctrico, en el que la eliminación de la empresa privada se torna total: "La cadena productiva energética no podrá estar sujeta a intereses privados, ni concesionarse", dice el artículo 376. La aplicación de esta disposición implicaría la nacionalización de una importante cantidad de empresas extranjeras de capital norteamericano y europeo.
Esta aversión por las transnacionales se expresa también en la ruptura de uno de los principios de la Organización Mundial del Comercio en la que participa Bolivia, la igualdad entre los inversionistas extranjeros y nacionales. A contrapelo, esta Constitución señala que "la inversión boliviana será priorizada frente a la inversión extranjera" (aunque al decir esto contradice uno de los basamentos económicos que establece ella misma, según el cual ningún sujeto económico debe recibir un tratamiento "más favorable"). Como resultado tenemos que, de ser aplicada, esta Carta repelería a la gran inversión extranjera. Y no sería por error, sino por un deseo conciente.
En su punto de más extremo nacionalismo, la Constitución considera el ofrecimiento de ventajas a las empresas extranjeras y cualesquiera actos de “enajenación de los recursos naturales… a favor de potencias, empresas o personas extranjeras” como delito de “traición a la patria”, exactamente igual que el de tomar las armas contra el propio país, y pasible por tanto también a una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Esta es la forma en la que la mayoría oficialista de la Asamblea ha traducido al lenguaje constitucional el deseo del presidente Evo Morales de sancionar de forma draconiana a quienes en el futuro intenten privatizar las empresas públicas. El Presidente incluso habló de la pena de muerte. Aunque la Constitución no llega a tanto, en todo caso, de perfeccionarse, su contenido restringiría gravemente la libertad de pensamiento de los bolivianos en materia económica. En el futuro los ciudadanos tendrían sólo tres opciones: o coincidir con el mencionado nacionalismo económico, o tratar de cambiar la Constitución, o no participar en política. (En contrapunto, este proyecto amplía la libertad al separar el Estado y la religión y al poner límites estrictos a los mecanismos coercitivos). En cambio, el documento no cumple el deseo presidencial de levantar el secreto bancario, una consigna muchas veces empleada por Evo como caballito de batalla. Pese a todo, el secreto bancario sigue consagrado como una garantía constitucional.
Por otra parte, el Estado productor diseñado por esta Constitución debe ser también un Estado del bienestar, encomendado de proveer muchos y muy diversos servicios públicos, de redistribuir la riqueza agraria, promover la economía popular, generar empleos formales, crear empresas estatales que generen bienes públicos, formar fondos financieros no bancarios, repartir rentas de vejez, etc. Nos encontramos ante un movimiento que ya es clásico: Si se pone al Estado en el centro de la economía es para darle los mecanismos necesarios para repartir prosperidad entre todos.
Una Constitución centralista e indianista
Además del exacerbado nacionalismo, otra característica de esta Constitución “en grande” es su centralismo político. El texto proyecta una Asamblea Legislativa Plurinacional que monopolice la elaboración de leyes, y un gobierno central que controle casi todas las competencias importantes, incluyendo la fijación de todos los impuestos y la “gestión de la educación y la salud”. Con ello, las autonomías departamentales solicitadas por los departamentos del oriente y el sur del país no mejorarían los derechos que ya poseen estos departamentos, es decir, la elección directa de los prefectos y la administración de un puñado de competencias menores. Pero además la situación para los autonomistas incluso empeoraría, porque se formarían, además, autonomías regionales e indígenas dentro de los departamentos, las cuales tendrían sus propias autoridades.
Vemos entonces que, como ocurre normalmente, el nacionalismo ha conducido al centralismo. En esta Constitución el Estado central aparece muy celoso de su soberanía, excepto respecto a los indígenas, los cuales pueden formar “territorios” con jurisdicción propia que no deben someterse a otros niveles de gobierno (municipios, regiones y departamentos), y que son los únicos autorizados para gestionar algunas competencias clasificadas como privativas del centro, como los sistemas de salud. Las autoridades de estos territorios serían elegidas por los procedimientos indígenas de selección de dirigentes y no por voto directo. Y poseerían una justicia propia, que tendría la misma dignidad que la justicia nacional y que tendría facultades para perseguir todos los delitos, de acuerdo a normas propias culturalmente determinadas. Ninguna sanción dada dentro de esta jurisdicción podría apelarse ante la justicia ordinaria. La justicia comunitaria solamente estaría sujeta a la Constitución y por eso debería respetar los derechos que ésta instituye, inclusive la prohibición de la pena de muerte. Sin embargo, podría “interpretar interculturalmente” estos derechos (de una forma que no se especifica). Simultáneamente, la Constitución establece que los indígenas deberán estar especialmente representados en los órganos públicos no indígenas, por medio de disposiciones electorales especiales cuando se trate de instancias nacionales, y por medio de sus propios usos y costumbres cuando las instancias sean departamentales o regionales.
Todo esto le da carnalidad, por hablar así, a la declaración constitucional de Bolivia como un país “plurinacional”. Al mismo tiempo plantea un sinfín de preguntas sobre la viabilidad, la practicidad y la equidad de los sistemas de gobierno y de administración del país, que a primera vista parecen diseñados para sobre-representar a las corporaciones indígenas en detrimento de los ciudadanos no organizados, sean éstos indígenas o no. Y plantea dudas sobre los efectos que todo esto tendrá en la conflictividad del país, el racismo, la universalidad de los derechos, etc.
¿De la refundación a la reelección?
Para los políticos de oposición todo lo anterior puede ser más o menos discursivo (aunque esta evaluación no toma en cuenta que, en gran magnitud, los cambios retóricos no pueden carecer de efectos prácticos). Para ellos lo que cuenta es otra parte de la Constitución: la que autoriza la reelección continua del Presidente (por un mecanismo de votación que parece “hecho a medida”, pues da la victoria en la primera vuelta al partido con mayoría absoluta o al que gane con más del 40 por ciento de los votos y 10 por ciento de diferencia respecto del segundo) y la parte que manda la convocatoria a elecciones generales tres meses después de la promulgación de la nueva Constitución, de acuerdo a una nueva legislación y bajo la conducción de nuevos órganos electorales. Según la oposición, esto apunta a la perpetuación de Evo Morales en el poder y a esto es a lo que se ha reducido la pretendida refundación del país, porque los demás artículos son muy difíciles de concretar en la práctica. Hay que decir, sin embargo, que esta Constitución no parece pura palabrería. En este análisis, la reelección aparece más bien como uno de los muchos instrumentos que el gobierno pretende usar para acumular poder con un propósito que sin embargo no se agota en el poder mismo, y que pese a su confusión tiene la forma de un programa político. Un programa que no es socialista, en efecto, pero que al mismo tiempo resulta profundamente antiliberal y puede tener importantes consecuencias para el futuro del país.
Preguntitas
Referéndum revocatorio
UNO
Para Evo Morales: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera?
Para los prefectos: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto del Departamento?
Será suceptibilidad mía, pero algo extraño produce leer ambas preguntas, ¿verdad?
DOS
Según el proyecto del gobierno, para lograr la revocatoria se debe obtener “una votación superior al porcentaje de la votación obtenida en la última elección, y un número de votos superior al total obtenido en la última elección”.
Esto significa que a nivel nacional no es suficiente el 50% más uno... y que a nivel departamental es necesario menos del 50% (por los porcentajes obtenidos por el Presidente y los prefectos en las elecciones del 2005).
No sólo eso. Además se necesita obtener más votos que en esa ocasión (en caso de que se llegue al porcentaje necesario pero hubiera menor participación electoral, votos en blanco, etc.).
En el caso del Presidente se necesitaría un voto más de 1.544.374 y, además, que ese número sea superior al 53,74% del total.
Complicado, ¿verdad?
UNO
Para Evo Morales: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera?
Para los prefectos: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto del Departamento?
Será suceptibilidad mía, pero algo extraño produce leer ambas preguntas, ¿verdad?
DOS
Según el proyecto del gobierno, para lograr la revocatoria se debe obtener “una votación superior al porcentaje de la votación obtenida en la última elección, y un número de votos superior al total obtenido en la última elección”.
Esto significa que a nivel nacional no es suficiente el 50% más uno... y que a nivel departamental es necesario menos del 50% (por los porcentajes obtenidos por el Presidente y los prefectos en las elecciones del 2005).
No sólo eso. Además se necesita obtener más votos que en esa ocasión (en caso de que se llegue al porcentaje necesario pero hubiera menor participación electoral, votos en blanco, etc.).
En el caso del Presidente se necesitaría un voto más de 1.544.374 y, además, que ese número sea superior al 53,74% del total.
Complicado, ¿verdad?
El país dividido sobre la nueva Constitución
"Nació el sol para nosotros después de 500 años de oscuridad y queremos que ahora nuestra luz ilumine a nuestros hijos". Esperanza Huanca, asambleísta norte de Potosí
"Es un pedazo de papel que vale tanto como papel higiénico usado, no sirve absolutamente de nada".
Jorge Quiroga, líder del opositor Podemos
Ya está
La nueva Constitución boliviana ha sido aprobada por la Asamblea Constituyente.
En Oruro entre gallos y medianoche (nunca tan bien utilizada esa expresión), con vigías de algunos movimientos sociales que impedían el acceso de otros, cediendo ante los menos e introduciendo artículos para que aquellos no incendien la ciudad, con la oposición demudada, dividida, ineficaz e impotente.
Ya está.
Queda al frente lo que siempre estuvo al frente... otros movimientos sociales, algunas regiones sublevadas, una huelga de hambre masificándose a medida que pasan los días, la radicalización de buena parte de la clase media.
En tanto, el país más dividido que nunca. Sus clivajes regionales, étnicos y económicos profundizándose hasta convertirse en grietas divisorias, en abismos de diferencia y odio.
Las demandas de los sectores que se enfrentan en el ring dejan de ser reivindicativas y comienzan a cobrar caracter estructural... la escalada está en ascenso vertiginoso y lo que vaya a ocurrir en el futuro tendrá que ver más con la fuerza que con la sensatez.
La discusión sobre los contenidos de la Constitución se convierte en una fantasía distópica y en cualquier momento será considerada la línea de división entre opositores y oficialistas (opositores quienes no quieren discutirlos, oficialistas quienes los discuten) ¿Y nuestra Ley fundamental? Bien, gracias. Puestos así no hay muchos caminos de retorno.
Ya está.
El gobierno se jugó por la política de las acciones consumadas, la oposición (no la partidaria, sino la social, corporativa y regional) posiblemente seguirá el mismo camino y, cuando eso ocurra, las pocas oficinas del Estado tomadas hasta hoy en los departamentos opositores, los perros degollados, los conatos de violencia civil, el descontrol territorial y la anomia social serán un pálido recuerdo del escenario catastrófico que puede desencadenarse.
No es la legitimidad de la Constitución la que únicamente se ha puesto en juego (que lo está, y mucho), sino del sistema en el que vivimos los bolivianos por los últimos 25 años.
¿Quedan opciones? Siempre las hay, sólo que cada vez cuesta más pensarlas, proponerlas, impulsarlas.
El símbolo mayor de la decepción puede resumirse en el descontrol territorial: aviones venezolanos que no pueden aterrizar, helicópteros del gobierno que no pueden despegar, grupos que no se pueden reunir en la mitad del país (la otra mitad ansiosa por acogerlos), ciudades sin policía ni ejército que garanticen la seguridad ciudadana, territorios donde rige únicamente la Ley de lynch. En fin, el paulatino deterioro de las normas mínimas de convivencia que debe garantizar el Estado.
Y el dilema ético fundamental, ahí presente, mirándonos: ¿Qué debemos hacer?
En Oruro entre gallos y medianoche (nunca tan bien utilizada esa expresión), con vigías de algunos movimientos sociales que impedían el acceso de otros, cediendo ante los menos e introduciendo artículos para que aquellos no incendien la ciudad, con la oposición demudada, dividida, ineficaz e impotente.
Ya está.
Queda al frente lo que siempre estuvo al frente... otros movimientos sociales, algunas regiones sublevadas, una huelga de hambre masificándose a medida que pasan los días, la radicalización de buena parte de la clase media.
En tanto, el país más dividido que nunca. Sus clivajes regionales, étnicos y económicos profundizándose hasta convertirse en grietas divisorias, en abismos de diferencia y odio.
Las demandas de los sectores que se enfrentan en el ring dejan de ser reivindicativas y comienzan a cobrar caracter estructural... la escalada está en ascenso vertiginoso y lo que vaya a ocurrir en el futuro tendrá que ver más con la fuerza que con la sensatez.
La discusión sobre los contenidos de la Constitución se convierte en una fantasía distópica y en cualquier momento será considerada la línea de división entre opositores y oficialistas (opositores quienes no quieren discutirlos, oficialistas quienes los discuten) ¿Y nuestra Ley fundamental? Bien, gracias. Puestos así no hay muchos caminos de retorno.
Ya está.
El gobierno se jugó por la política de las acciones consumadas, la oposición (no la partidaria, sino la social, corporativa y regional) posiblemente seguirá el mismo camino y, cuando eso ocurra, las pocas oficinas del Estado tomadas hasta hoy en los departamentos opositores, los perros degollados, los conatos de violencia civil, el descontrol territorial y la anomia social serán un pálido recuerdo del escenario catastrófico que puede desencadenarse.
No es la legitimidad de la Constitución la que únicamente se ha puesto en juego (que lo está, y mucho), sino del sistema en el que vivimos los bolivianos por los últimos 25 años.
¿Quedan opciones? Siempre las hay, sólo que cada vez cuesta más pensarlas, proponerlas, impulsarlas.
El símbolo mayor de la decepción puede resumirse en el descontrol territorial: aviones venezolanos que no pueden aterrizar, helicópteros del gobierno que no pueden despegar, grupos que no se pueden reunir en la mitad del país (la otra mitad ansiosa por acogerlos), ciudades sin policía ni ejército que garanticen la seguridad ciudadana, territorios donde rige únicamente la Ley de lynch. En fin, el paulatino deterioro de las normas mínimas de convivencia que debe garantizar el Estado.
Y el dilema ético fundamental, ahí presente, mirándonos: ¿Qué debemos hacer?
¿Referéndum revocatorio en Bolivia?
"Les propongo a los prefectos conservadores y no conservadores, a los nueve prefectos del país someternos juntos a un referéndum revocatorio, que el pueblo diga si están con el cambio o no están con el cambio, que el pueblo diga si están con el modelo neoliberal, con la privatización, con las subastas de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas o no. No hay por qué tenerle miedo al pueblo", afirmó Evo Morales en un mensaje a la nación.
La búsqueda de una solución política, qué duda cabe, cualquiera que ésta sea, siempre será mejor que el enfrentamiento y el empate catastrófico al que estamos condenados.
De cualquier forma, este salto para adelante propuesto por el Presidente implica tantos riesgos que es difícil contabilizarlos (para no ingresar en una discusión sobre la legalidad de la medida, lo que sería inconducente; o sobre el deseo del gobierno de que la revocatoria sea por un porcentaje mayor al obtenido en las elecciones pasadas, por tanto, en su caso, la necesidad de que quienes se opongan a él saquen 55% y no de 51% para revocar su mandato).
Entre esos riesgos destacan la negativa de la oposición a aceptar el referéndum en tanto no se detenga la aprobación a marchas forzadas de una Constitución de la que pocos saben y sobre la que muchos especulan. Encima, la sanción final se realizaría la próxima semana en Lauca Ñ, territorio cocalero, lo que incluso siendo indulgentes pone en riesgo su legitimidad al ser una zona a la que no puede acceder la oposición. Quizá la pregunta más pertinente no sea dónde se realizarán las sesiones de la Asamblea Constituyente, sino porque no se pueden hacer en gran parte del territorio nacional: el Estado, cada vez más débil (a contrapelo de lo que el propio gobierno propugna) ni siquiera puede controlar su territorio, un elemento constitutivo de la estatalidad.
Evo, además, enfrenta la posibilidad de ser derrotado en algunos departamentos. ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Qué legitimidad tendrían las decisiones del gobierno nacional donde gane la revocatoria? Ese el peligro de departamentalizar el referéndum, lo que Morales considera imprescindible porque también es conciente de que algunos de los prefectos podrían perder en esta vuelta. Pero la oposición no son sólo los prefectos; los cívicos, entidades poco democráticas si las hay, algunas organizaciones sociales y todas las corporativas no formarán parte de esta consulta y seguirán siendo una piedra en el zapato para el gobierno).
En cualquier caso, al margen de la afirmación de principios que se debe hacer sobre cualquier expresión que consolide y profundice la democracia, como el referéndum, quizá el problema principal sea que el gobierno se esté jugando por una carta fuerte pero elusiva y sigue sin encontrar una solución política al verdadero problema que aqueja Bolivia: La Constitución, las autonomías y la inclusión indígena. ¿O pensará que con esta decisión la aprobación de la Constitución no sufrirá más demoras? Evo Morales no es ingenuo y, sin duda, decidió su movida en función al tiempo que le puede otorgar para aprobarla. Medidas como ésta puede que se lo permitan, sin que eso signifique que realmente crea en ellas. La tradicional doble moral política: es bueno si me conviene, malo si no.
La única esperanza que queda es que falta poco para la Navidad y los carnavales. Generalmente los bolivianos en épocas así enfundamos las espadas y festejamos pacíficamente, pobre consuelo el mío, pero todo vale a la hora de ganar tiempo hasta encontrar una solución que nos permita vivir en armonía, crecer y mejorar nuesta calidad de vida. ¿O nos hemos olvidado que esas son las cosas realmente importantes?
La búsqueda de una solución política, qué duda cabe, cualquiera que ésta sea, siempre será mejor que el enfrentamiento y el empate catastrófico al que estamos condenados.
De cualquier forma, este salto para adelante propuesto por el Presidente implica tantos riesgos que es difícil contabilizarlos (para no ingresar en una discusión sobre la legalidad de la medida, lo que sería inconducente; o sobre el deseo del gobierno de que la revocatoria sea por un porcentaje mayor al obtenido en las elecciones pasadas, por tanto, en su caso, la necesidad de que quienes se opongan a él saquen 55% y no de 51% para revocar su mandato).
Entre esos riesgos destacan la negativa de la oposición a aceptar el referéndum en tanto no se detenga la aprobación a marchas forzadas de una Constitución de la que pocos saben y sobre la que muchos especulan. Encima, la sanción final se realizaría la próxima semana en Lauca Ñ, territorio cocalero, lo que incluso siendo indulgentes pone en riesgo su legitimidad al ser una zona a la que no puede acceder la oposición. Quizá la pregunta más pertinente no sea dónde se realizarán las sesiones de la Asamblea Constituyente, sino porque no se pueden hacer en gran parte del territorio nacional: el Estado, cada vez más débil (a contrapelo de lo que el propio gobierno propugna) ni siquiera puede controlar su territorio, un elemento constitutivo de la estatalidad.
Evo, además, enfrenta la posibilidad de ser derrotado en algunos departamentos. ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Qué legitimidad tendrían las decisiones del gobierno nacional donde gane la revocatoria? Ese el peligro de departamentalizar el referéndum, lo que Morales considera imprescindible porque también es conciente de que algunos de los prefectos podrían perder en esta vuelta. Pero la oposición no son sólo los prefectos; los cívicos, entidades poco democráticas si las hay, algunas organizaciones sociales y todas las corporativas no formarán parte de esta consulta y seguirán siendo una piedra en el zapato para el gobierno).
En cualquier caso, al margen de la afirmación de principios que se debe hacer sobre cualquier expresión que consolide y profundice la democracia, como el referéndum, quizá el problema principal sea que el gobierno se esté jugando por una carta fuerte pero elusiva y sigue sin encontrar una solución política al verdadero problema que aqueja Bolivia: La Constitución, las autonomías y la inclusión indígena. ¿O pensará que con esta decisión la aprobación de la Constitución no sufrirá más demoras? Evo Morales no es ingenuo y, sin duda, decidió su movida en función al tiempo que le puede otorgar para aprobarla. Medidas como ésta puede que se lo permitan, sin que eso signifique que realmente crea en ellas. La tradicional doble moral política: es bueno si me conviene, malo si no.
La única esperanza que queda es que falta poco para la Navidad y los carnavales. Generalmente los bolivianos en épocas así enfundamos las espadas y festejamos pacíficamente, pobre consuelo el mío, pero todo vale a la hora de ganar tiempo hasta encontrar una solución que nos permita vivir en armonía, crecer y mejorar nuesta calidad de vida. ¿O nos hemos olvidado que esas son las cosas realmente importantes?
Apuntes sobre Venezuela IV
Ahora bien, quedan muchos años por delante, nadie descarta que Chávez haga un nuevo referéndum y que incluso gane (en 10 años ganó 10 elecciones: hay pocos con esas credenciales), pero su retórica expansionista y su preocupación por el mundo debieran moderarse, lo cual permitirá mayor autonomía de países a los cuales respiraba de cerca, y será un suspiro de alivio para aquellos que sin poder distanciarse (por su peso específico y su ingente cantidad de dólares), tenían que sonreír ante sus desplantes.
Los cheques de popularidad tienen fondos limitados, una lección que todos los políticos debieran aprender, porque mientras las reglas del juego sean iguales para todos, las batallas serán por imaginarios, y para dirimirlas está la democracia.
Muchas aristas a la hora de sacar cuentas. Que alegres no deberían ser ni para una oposición venezolana, boliviana o ecuatoriana que sigue dividida, que en muchos casos es premoderna y autoritaria (más aún que el propio Chávez); ni, por supuesto, para el chavismo continental que ha perdido esa sensación de invulnerabilidad que otorga el poder cuando uno cree que es eterno, aunque la historia siempre esté ahí presente para reírse de esas desmesuras.
Los cheques de popularidad tienen fondos limitados, una lección que todos los políticos debieran aprender, porque mientras las reglas del juego sean iguales para todos, las batallas serán por imaginarios, y para dirimirlas está la democracia.
Muchas aristas a la hora de sacar cuentas. Que alegres no deberían ser ni para una oposición venezolana, boliviana o ecuatoriana que sigue dividida, que en muchos casos es premoderna y autoritaria (más aún que el propio Chávez); ni, por supuesto, para el chavismo continental que ha perdido esa sensación de invulnerabilidad que otorga el poder cuando uno cree que es eterno, aunque la historia siempre esté ahí presente para reírse de esas desmesuras.
Apuntes sobre Venezuela III
Otro dato que no se debe pasar por alto es la escalada retórica chavista de las últimas semanas que llegó al paroxismo los días previos a la elección. Los ciudadanos comunes y corrientes aquí y en la quebrada del ají, amamos la tranquilidad, las buenas maneras y la paz. Frente a la política de la crispación (como bautizan los españoles al enfrentamiento político extremo), sabiamente los ciudadanos inoculan dosis de humildad a sus gobernantes, veamos sino al Presidente del Ecuador, otro de los considerados aliados de Chávez, quien mantuvo un bajo perfil casi exagerado.
Apuntes sobre Venezuela II
Los ciudadanos no votan por decenas de propuestas difíciles de tragar incluso para los especialistas, sino por una o dos ideas, por una promesa redentora. En eso, los venezolanos, los bolivianos o los norteamericanos son exactamente iguales: no les interesa la política más allá de lo que implica para su vida cotidiana. Es probable incluso afirmar que el resultado hubiera sido distinto si otro hubiera sido el caballito de batalla chavista. Por el contrario, si actualmente hay una convicción contemporánea (sobre todo en un continente marcado por las dictaduras) es en la necesidad de la alternancia en el poder, la democracia es el verdadero fantasma que recorre Latinoamérica.
Parte de esta lección rápidamente fue aprendida por Evo Morales por ejemplo, quien plantea ahora que en el referéndum boliviano se vote la Constitución por un lado, y la reelección indefinida por separado (claro, si se llega a destrabar la polarización que mantiene a varias regiones en huelga de hambre, a los prefectos viajando por el mundo pidiendo mediación internacional y a la sociedad más dividida que nunca).
Parte de esta lección rápidamente fue aprendida por Evo Morales por ejemplo, quien plantea ahora que en el referéndum boliviano se vote la Constitución por un lado, y la reelección indefinida por separado (claro, si se llega a destrabar la polarización que mantiene a varias regiones en huelga de hambre, a los prefectos viajando por el mundo pidiendo mediación internacional y a la sociedad más dividida que nunca).
Apuntes sobre Venezuela I
Cierto que las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas (Evo Morales declaró reiteradamente del domingo para acá que Venezuela no ejercía ninguna influencia en Bolivia); o que es sencillo analizar lo que ya ocurrió pero lo difícil es prever lo qué pasará mañana (veamos sino las opiniones triunfalistas incluso de aquellos venezolanos que llamaban a la abstención hasta hace unas semanas porque el proceso estaba viciado de antemano).
Ahora bien, sin ánimo de parecer aguafiestas, agregaría al profuso análisis de estos días que la derrota de Hugo Chávez obedece sobre todo a sus propios errores antes que a los aciertos de la oposición o de la comunidad internacional. Convengamos que el propio Presidente venezolano fue quien agrupó a sus oponentes detrás de una sola consigna unificadora (no a la reelección indefinida), cuando éstos ni soñaban con un 3 de diciembre de fanfarria.
Ahora bien, sin ánimo de parecer aguafiestas, agregaría al profuso análisis de estos días que la derrota de Hugo Chávez obedece sobre todo a sus propios errores antes que a los aciertos de la oposición o de la comunidad internacional. Convengamos que el propio Presidente venezolano fue quien agrupó a sus oponentes detrás de una sola consigna unificadora (no a la reelección indefinida), cuando éstos ni soñaban con un 3 de diciembre de fanfarria.
Venezuela : 10 elecciones en 10 años
Presidenciales
Resultados de Hugo Chávez
1998 56,2%
2000 59,7%
2006 62,8%
Referéndum
Resultados del oficialismo
1999 87,85% (Convocatoria a una Asamblea Constituyente).
1999 81,7% (Reforma a la Constitución)
1999 62% (Referéndum sindical).
2004 59% (Referéndum revocatorio de su mandato).
2004 Elecciones para gobernadores y alcaldes en las que ganó el oficialismo.
2005 79% (Elecciones Asamblea Nacional/ ausencia de oposición y abstención 75%).
2007 49,3% (Reforma a la Constitución / derrota de Chávez / 44% de abstención).
(Con datos de Clarín e Internet)
Resultados de Hugo Chávez
1998 56,2%
2000 59,7%
2006 62,8%
Referéndum
Resultados del oficialismo
1999 87,85% (Convocatoria a una Asamblea Constituyente).
1999 81,7% (Reforma a la Constitución)
1999 62% (Referéndum sindical).
2004 59% (Referéndum revocatorio de su mandato).
2004 Elecciones para gobernadores y alcaldes en las que ganó el oficialismo.
2005 79% (Elecciones Asamblea Nacional/ ausencia de oposición y abstención 75%).
2007 49,3% (Reforma a la Constitución / derrota de Chávez / 44% de abstención).
(Con datos de Clarín e Internet)
Evo Morales mima al ejército
(Artículo publicado en El País de Jorge Marirrodriga).- Cinco días antes de aprobar el índice de la nueva Constitución, Morales entregó al alto mando de las Fuerzas Armadas 3,7 millones de dólares (2,5 millones de euros) para hacer mejoras en 125 unidades militares, que complementan a los 2,6 millones de dólares entregados tres meses antes y que han sido entregados en concepto de ayuda por Venezuela. El presidente boliviano pidió a los militares no ver "un chantaje" detrás de los cheques. "Jamás vamos a someternos a nadie y no estamos sometidos a ningún país y nunca voy a llevar a los militares a que se sometan a otras Fuerzas Armadas. Imposible", destacó el mandatario. Según ha reconocido el ministro de Hacienda, Luis Arce, hasta el momento Venezuela ha donado 80 millones de dólares en cheques para modernizar a las Fuerzas Armadas, mientras la oposición denuncia la falta total de control sobre ese dinero que el presidente reparte discrecionalmente.
Para ver el artículo completo pulse aquí
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La derrota de Chávez, una lección para Bolivia
La derrota de Hugo Chávez es una buena noticia para la democracia (no tanto por el resultado final sino por la lección de civismo de oficialistas y opositores venezolanos), y también para Bolivia en tanto hará pensar con mayor detenimiento a los sectores más integristas del gobierno de Evo Morales sobre la conveniencia de aprobar a como de lugar su proyecto constitucional sin consensos previos.
Agrupar a todas las fuerzas opositoras detrás de una sola idea (que el propio chavismo entregó en bandeja), unificarlos en definitiva, es una de las principales lecciones que puede sacar del proceso venezolano el gobierno boliviano; la unidad y la claridad en propuestas democráticas integradoras, la que pueden aprender los opositores bolivianos.
Está claro que el principal escollo de Hugo Chávez fue la reelección indefinida (la propuesta más impresentable de todas las que planteó últimamente en su escalada retórica que no dejó títere con cabeza).
Morales debería comprender que ese tipo de propuestas no hacen más que exacerbar los ánimos y coartar la sana alternancia en el poder (que sabiamente contemplaba la anterior Constitución boliviana).
Finalmente, creer que el poder es eterno o que los cheques de respaldo y popularidad que otorga la población tienen fondos ilimitados son otras de las enseñanzas de la jornada del domingo 2 de diciembre.
En el fondo una dosis de humildad para Chávez que seguramente todos sus aliados tendrán en cuenta a la hora de sacar cuentas.
Agrupar a todas las fuerzas opositoras detrás de una sola idea (que el propio chavismo entregó en bandeja), unificarlos en definitiva, es una de las principales lecciones que puede sacar del proceso venezolano el gobierno boliviano; la unidad y la claridad en propuestas democráticas integradoras, la que pueden aprender los opositores bolivianos.
Está claro que el principal escollo de Hugo Chávez fue la reelección indefinida (la propuesta más impresentable de todas las que planteó últimamente en su escalada retórica que no dejó títere con cabeza).
Morales debería comprender que ese tipo de propuestas no hacen más que exacerbar los ánimos y coartar la sana alternancia en el poder (que sabiamente contemplaba la anterior Constitución boliviana).
Finalmente, creer que el poder es eterno o que los cheques de respaldo y popularidad que otorga la población tienen fondos ilimitados son otras de las enseñanzas de la jornada del domingo 2 de diciembre.
En el fondo una dosis de humildad para Chávez que seguramente todos sus aliados tendrán en cuenta a la hora de sacar cuentas.
Huelga de hambre en cuatro departamentos bolivianos
Cuatro departamentos comienzan hoy lunes 3 de diciembre una huelga de hambre en contra de la Constitución Política del Estado aprobada en grande por la Asamblea Constituyente, y contra la Renta Dignidad que disminuye los recursos para las regiones que reciben a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Otra etapa más en la escalada de confrontación y polarización en la que está enfrascada Bolivia sin solución ni ganadores a la vista.
Adivine quién gana con todo esto.
Otra etapa más en la escalada de confrontación y polarización en la que está enfrascada Bolivia sin solución ni ganadores a la vista.
Adivine quién gana con todo esto.
Viva la democracia
Venezuela va a las urnas y, si no hay una eventualidad poco probable (fraude por ejemplo), nuevamente celebraremos una fiesta de la democracia.
Respetemos el resultado (sea favorable o desafavorable a Hugo Chávez), porque se habrá expresado la voluntad popular y de eso se trata todo esto. Nada más, pero tampoco nada menos.
Respetemos el resultado (sea favorable o desafavorable a Hugo Chávez), porque se habrá expresado la voluntad popular y de eso se trata todo esto. Nada más, pero tampoco nada menos.
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