Todo el poder a Morales
El triunfo del líder indígena boliviano ha sido inobjetable. Ha ganado no sólo abrumadoramente en sus bastiones tradicionales, sino en lugares que le habían estado vedados y a los cuales hace unos años ni siquiera se animaba a viajar. En resumen, es un triunfo inédito que hace recordar aquellos de la década del 50, durante la Revolución Nacional, quizá el mejor espejo con el que se puede mirar lo que sucede en Bolivia, tanto desde el punto de vista político como económico.
Preliminarmente se puede concluir que la elección de ayer:
a) Confirma la imposición de una nueva hegemonía y el desempate “no catastrófico” que supera la división y la polarización a la que nos había acostumbrado Bolivia.
b) Consolida la derrota de la oposición y el caos en que está sumido el sistema de partidos, dando nacimiento a lo que varios analistas han denominado un “partido de Estado” (el MAS), donde las diferencias entre uno y otro se confunden.
c) Morales con su triunfo consigue el control de todo el aparato estatal y tiene amplia mayoría para nombrar a las autoridades de todos los poderes del Estado, e incluso abre la posibilidad de ser reelecto.
d) Plantea nuevos desafíos sobre el futuro del capitalismo de Estado clásico que ha construido y de su proyecto político, más allá de la reafirmación simbólica inclusiva que el domingo pasado ha demostrado su incombustibilidad.
e) Ratifica el liderazgo con rasgos populistas de Morales, un Presidente teflón al que no se le pega nada, por ejemplo, los problemas de corrupción que enfrentó su gobierno en los últimos cuatro años.
f) Inicia un proceso inédito en Bolivia de autonomías regionales e indígenas sobre las cuales no se sabe mucho aún, pero que seguramente significarán un nuevo rediseño geográfico, económico, político y étnico de consecuencias difíciles de prever.
La nueva composición del Congreso
Con su victoria el MAS controlará la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso) donde tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras y los dos tercios del senado con lo cual podrá designar al Contralor de la República, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General, a los vocales electorales y a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura. Lo cual significa que el Presidente Morales tendrá control de todos los poderes del Estado, incluido el judicial y el electoral.
También podrá reformar la Constitución Política del Estado y lograr la aprobación de la reelección indefinida. Actualmente el vencedor de las elecciones bolivianas puede ser reelegido sólo por una vez (la reelección fue limitada por un artículo transitorio de la Constitución que establece que los mandatos anteriores a la actual Carta Magna también se tomarán en cuenta. Lo que deja momentáneamente fuera a Morales). Sin embargo, el Presidente boliviano, en uno de los puntos oscuros de la jornada electoral, afirmó que este sería su primer periodo, lo cual significaría desconocer su propia Constitución.
Por otra parte, cinco departamentos que no lo habían logrado aún (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca), aprobaron un régimen autonómico, sumándose a los departamentos orientales, con lo cual todas las regiones bolivianas tendrán esta cualidad. Además, en 11 municipios se optó por aprobar autonomías indígenas, sobre las que todavía no hay mucha claridad porque hace falta una ley que certifique su funcionamiento.
Datos duros más allá de lo simbólico
Los votos reflejan lo que dijeron las encuestadoras en todos estos meses: los bolivianos sienten que están mejor que antes y que van a estar aún mejor en el futuro inmediato. Bolivia creció este año un 3,8 por ciento, la tasa más alta de la región.
En estos números influye sin duda el narcotráfico que sigue siendo un tema sobre el cual el gobierno no tiene muchos argumentos más allá de los ideológicos. La oposición y muchos organismos internacionales acusan a Morales de ser excesivamente permisivo con la producción de coca. Para Naciones Unidas, la producción de cocaína se ha mantenido o ha disminuido levemente: en 2004 se estimó en 107 toneladas y en 2006 Bolivia habría producido 94.
A pesar del alto crecimiento económico en el último lustro, la informalidad de la economía sigue siendo tan grande que, como afirma Fernando Gualdoni, hace imposible “consolidar la inclusión social y económica de la mayoría de los 10 millones de bolivianos, entre los que el 60% es pobre y más de la mitad de este porcentaje raya la indigencia”.
Es el éxito del modelo rentista que ha perdurado en Bolivia a lo largo de décadas, desde la Revolución de 1952. Un modelo por el cual los ciudadanos se consideran con derechos sobre las rentas obtenidas de los recursos naturales. De ahí el éxito de los bonos y transferencias directas de dinero que realizó Morales a los bolivianos en los últimos años y que reflejan esta cultura (y parte de su éxito).
Asimismo, la participación del Estado se ha incrementado notablemente a través de nacionalizaciones y la creación de empresas públicas que permitirán que el Estado incremente su participación en el producto bruto interno del 28 al 35 por ciento.
Los hidrocarburos siguen y seguirán siendo el principal sustento de las arcas estatales (más del 50%) luego de que se nacionalizaran en mayo de 2006 y se aumentaran los impuestos a las petroleras, sin embargo, no sólo disminuyó la producción por la mala gestión (lo que restará más de mil millones de dólares al presupuesto general de la nación), sino que ahí es donde radican los principales problemas de corrupción del gobierno: en YPFB hubo cinco presidentes, todos acusados de corrupción y uno de ellos en la cárcel por este motivo.
El desbande opositor
La oposición que sumada apenas supera el 30% de los votos, es un pálido reflejo de aquella que paralizaba al país, que lo dividía y polarizaba y que podía jactarse de controlar la mitad de Bolivia a la que había denominado media luna. Hoy apenas gana en el oriente (Santa Cruz, Beni y Pando), y en este último departamento pelea ajustadamente por la mayoría, por lo que no se puede descontar más sorpresas cuando los votos de los sectores rurales comiencen a llegar en estos días, los cuales favorecen ampliamente a Morales. Pero lo relevante es que el Presidente boliviano tiene casi la mitad de los votos orientales con lo cual su respaldo es nacional y ya no regionalizado como el 2005.
El símbolo de la debacle opositora son los spots de TV con los que hizo campaña en los cuales los partidos no oficialistas daban sus particulares interpretaciones de las encuestas, y sobre qué es lo que ocurriría si el otro, sea Manfred Reyes Villa del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN); Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN); o René Joaquino de Alianza Social (AS) renunciaba a su candidatura.
Otra de las acusaciones que la oposición le hizo a Morales fue no querer debatir, (Evo rehuyó el debate sistemáticamente), y que no tiene un plan (lo cual es falso, porque nos guste o no, sí lo tiene).
Todo lo cual es parte de la inanidad en la que había caído la política, que sólo tomó algo de color a través acusaciones de fraude que fueron respondidas por el gobierno con acusaciones más subidas de tono aún, de las que nadie puede dar fe o creer que tengan algún fundamento. Eso sí la judicialización de la campaña y las amenazas con encarcelar a los líderes opositores fueron hechas por el gobierno el calor de la campaña pero también son señales preocupantes sobre el futuro de un régimen con todo el poder en sus manos.
La próxima oportunidad que tendrá la oposición para unirse (o por lo menos para intentar levantar cabeza) será en abril cuando se realice la elección de gobernadores y alcaldes. Pero nadie apuesta mucho a que lo logre.
¿Cuál es el futuro previsible?
Sin la incertidumbre de años anteriores, la discusión en Bolivia corre en otro sentido; se centra más bien en los límites económicos del nacionalismo indigenista, y en la profundización (o no) del orden posneoliberal, que para muchos debería ser la principal herencia de la era Morales.
Pocos dudan de que continúe el capitalismo de Estado, al margen del socialismo del siglo XXI, el ALBA y otras apuestas discursivas. Por tanto, será hora de encontrar las diferencias antes que las coincidencias entre el proceso boliviano y el de otros regímenes como el venezolano.
Asimismo, es probable que en el ámbito internacional se mejore la relación con EEUU (retomando las relaciones diplomáticas), y se continúe la política de apertura hacia Chile siempre en el entendido de que ese tema, más temprano que tarde tendrá que ser confrontado con los logros concretos que se obtengan, lo cual, al margen de quién sea Presidente en Chile, ocasionará reacomodos más tradicionales.
Finalmente, queda responder si lo hecho hasta ahora fue pura catarsis simbólica y discursiva. Por lo pronto nadie puede dudar de la vigencia del proyecto de Morales, de su respaldo popular y de que ahí radica, precisamente, las fortalezas desde las cuales puede proyectarse en el futuro.
Preliminarmente se puede concluir que la elección de ayer:
a) Confirma la imposición de una nueva hegemonía y el desempate “no catastrófico” que supera la división y la polarización a la que nos había acostumbrado Bolivia.
b) Consolida la derrota de la oposición y el caos en que está sumido el sistema de partidos, dando nacimiento a lo que varios analistas han denominado un “partido de Estado” (el MAS), donde las diferencias entre uno y otro se confunden.
c) Morales con su triunfo consigue el control de todo el aparato estatal y tiene amplia mayoría para nombrar a las autoridades de todos los poderes del Estado, e incluso abre la posibilidad de ser reelecto.
d) Plantea nuevos desafíos sobre el futuro del capitalismo de Estado clásico que ha construido y de su proyecto político, más allá de la reafirmación simbólica inclusiva que el domingo pasado ha demostrado su incombustibilidad.
e) Ratifica el liderazgo con rasgos populistas de Morales, un Presidente teflón al que no se le pega nada, por ejemplo, los problemas de corrupción que enfrentó su gobierno en los últimos cuatro años.
f) Inicia un proceso inédito en Bolivia de autonomías regionales e indígenas sobre las cuales no se sabe mucho aún, pero que seguramente significarán un nuevo rediseño geográfico, económico, político y étnico de consecuencias difíciles de prever.
La nueva composición del Congreso
Con su victoria el MAS controlará la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso) donde tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras y los dos tercios del senado con lo cual podrá designar al Contralor de la República, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General, a los vocales electorales y a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura. Lo cual significa que el Presidente Morales tendrá control de todos los poderes del Estado, incluido el judicial y el electoral.
También podrá reformar la Constitución Política del Estado y lograr la aprobación de la reelección indefinida. Actualmente el vencedor de las elecciones bolivianas puede ser reelegido sólo por una vez (la reelección fue limitada por un artículo transitorio de la Constitución que establece que los mandatos anteriores a la actual Carta Magna también se tomarán en cuenta. Lo que deja momentáneamente fuera a Morales). Sin embargo, el Presidente boliviano, en uno de los puntos oscuros de la jornada electoral, afirmó que este sería su primer periodo, lo cual significaría desconocer su propia Constitución.
Por otra parte, cinco departamentos que no lo habían logrado aún (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca), aprobaron un régimen autonómico, sumándose a los departamentos orientales, con lo cual todas las regiones bolivianas tendrán esta cualidad. Además, en 11 municipios se optó por aprobar autonomías indígenas, sobre las que todavía no hay mucha claridad porque hace falta una ley que certifique su funcionamiento.
Datos duros más allá de lo simbólico
Los votos reflejan lo que dijeron las encuestadoras en todos estos meses: los bolivianos sienten que están mejor que antes y que van a estar aún mejor en el futuro inmediato. Bolivia creció este año un 3,8 por ciento, la tasa más alta de la región.
En estos números influye sin duda el narcotráfico que sigue siendo un tema sobre el cual el gobierno no tiene muchos argumentos más allá de los ideológicos. La oposición y muchos organismos internacionales acusan a Morales de ser excesivamente permisivo con la producción de coca. Para Naciones Unidas, la producción de cocaína se ha mantenido o ha disminuido levemente: en 2004 se estimó en 107 toneladas y en 2006 Bolivia habría producido 94.
A pesar del alto crecimiento económico en el último lustro, la informalidad de la economía sigue siendo tan grande que, como afirma Fernando Gualdoni, hace imposible “consolidar la inclusión social y económica de la mayoría de los 10 millones de bolivianos, entre los que el 60% es pobre y más de la mitad de este porcentaje raya la indigencia”.
Es el éxito del modelo rentista que ha perdurado en Bolivia a lo largo de décadas, desde la Revolución de 1952. Un modelo por el cual los ciudadanos se consideran con derechos sobre las rentas obtenidas de los recursos naturales. De ahí el éxito de los bonos y transferencias directas de dinero que realizó Morales a los bolivianos en los últimos años y que reflejan esta cultura (y parte de su éxito).
Asimismo, la participación del Estado se ha incrementado notablemente a través de nacionalizaciones y la creación de empresas públicas que permitirán que el Estado incremente su participación en el producto bruto interno del 28 al 35 por ciento.
Los hidrocarburos siguen y seguirán siendo el principal sustento de las arcas estatales (más del 50%) luego de que se nacionalizaran en mayo de 2006 y se aumentaran los impuestos a las petroleras, sin embargo, no sólo disminuyó la producción por la mala gestión (lo que restará más de mil millones de dólares al presupuesto general de la nación), sino que ahí es donde radican los principales problemas de corrupción del gobierno: en YPFB hubo cinco presidentes, todos acusados de corrupción y uno de ellos en la cárcel por este motivo.
El desbande opositor
La oposición que sumada apenas supera el 30% de los votos, es un pálido reflejo de aquella que paralizaba al país, que lo dividía y polarizaba y que podía jactarse de controlar la mitad de Bolivia a la que había denominado media luna. Hoy apenas gana en el oriente (Santa Cruz, Beni y Pando), y en este último departamento pelea ajustadamente por la mayoría, por lo que no se puede descontar más sorpresas cuando los votos de los sectores rurales comiencen a llegar en estos días, los cuales favorecen ampliamente a Morales. Pero lo relevante es que el Presidente boliviano tiene casi la mitad de los votos orientales con lo cual su respaldo es nacional y ya no regionalizado como el 2005.
El símbolo de la debacle opositora son los spots de TV con los que hizo campaña en los cuales los partidos no oficialistas daban sus particulares interpretaciones de las encuestas, y sobre qué es lo que ocurriría si el otro, sea Manfred Reyes Villa del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN); Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN); o René Joaquino de Alianza Social (AS) renunciaba a su candidatura.
Otra de las acusaciones que la oposición le hizo a Morales fue no querer debatir, (Evo rehuyó el debate sistemáticamente), y que no tiene un plan (lo cual es falso, porque nos guste o no, sí lo tiene).
Todo lo cual es parte de la inanidad en la que había caído la política, que sólo tomó algo de color a través acusaciones de fraude que fueron respondidas por el gobierno con acusaciones más subidas de tono aún, de las que nadie puede dar fe o creer que tengan algún fundamento. Eso sí la judicialización de la campaña y las amenazas con encarcelar a los líderes opositores fueron hechas por el gobierno el calor de la campaña pero también son señales preocupantes sobre el futuro de un régimen con todo el poder en sus manos.
La próxima oportunidad que tendrá la oposición para unirse (o por lo menos para intentar levantar cabeza) será en abril cuando se realice la elección de gobernadores y alcaldes. Pero nadie apuesta mucho a que lo logre.
¿Cuál es el futuro previsible?
Sin la incertidumbre de años anteriores, la discusión en Bolivia corre en otro sentido; se centra más bien en los límites económicos del nacionalismo indigenista, y en la profundización (o no) del orden posneoliberal, que para muchos debería ser la principal herencia de la era Morales.
Pocos dudan de que continúe el capitalismo de Estado, al margen del socialismo del siglo XXI, el ALBA y otras apuestas discursivas. Por tanto, será hora de encontrar las diferencias antes que las coincidencias entre el proceso boliviano y el de otros regímenes como el venezolano.
Asimismo, es probable que en el ámbito internacional se mejore la relación con EEUU (retomando las relaciones diplomáticas), y se continúe la política de apertura hacia Chile siempre en el entendido de que ese tema, más temprano que tarde tendrá que ser confrontado con los logros concretos que se obtengan, lo cual, al margen de quién sea Presidente en Chile, ocasionará reacomodos más tradicionales.
Finalmente, queda responder si lo hecho hasta ahora fue pura catarsis simbólica y discursiva. Por lo pronto nadie puede dudar de la vigencia del proyecto de Morales, de su respaldo popular y de que ahí radica, precisamente, las fortalezas desde las cuales puede proyectarse en el futuro.
El enredo hondureño
Celso Amorín, el canciller brasileño, afirmó el domingo que estaba más interesado en saber el resultado del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona que el de las elecciones en Honduras. Un exceso verbal (casi imperialista) pero que debe entenderse en el contexto de la política exterior de su Presidente que se ha jugado a fondo, sin grises, sobre este tema.
Distante de esa postura, un EEUU que vuelve a participar por esta vez (¿?) en la región (luego de la autonomía relativa que la era Bush y el 11S nos legó). Barack Obama condenó el golpe y respaldó la democracia hondureña en su momento, pero no puede ir más allá de sus posibilidades (por eso es tan recomendable el ejercicio retórico, la pieza magistral de política que contiene el discurso de Arturo Valenzuela ante la OEA, reconociendo las elecciones hondureñas).
Y en versión doméstica, también dos contendientes: un Zelaya todavía vociferante pero cada vez más solo (lo cual se simboliza en que de los 300 manifestantes que dormían con él en la embajada meses atrás, hoy apenas queda un puñado); y, en el otro extremo, un Micheletti, miembro del mismo partido, aprovechando la interna política norteamericana (cuyo congreso condicionó la elección de autoridades a que el Ejecutivo dejará de apoyar sin condiciones a Zelaya), y que retorna al poder mañana después de un breve receso que, al no nombrar interino o reemplazante, es un fiel reflejo de la parodia trágica de su presidencia.
Casi todos conocemos los hechos más recientes en Honduras: un golpe de estado (o varios golpes); un presidente en el exilio y luego refugiado en la embajada del Brasil (sea por instancia de este país o con ayuda venezolana); otro presidente de facto que dio muestras de una muñeca política que le permitió sobrevivir a la presión de toda la comunidad internacional; un pacto no cumplido por maniobras políticas del más variado cuño; y, al final del día, unas elecciones relativamente limpias y transparentes y un Presidente electo… lo cual, convengamos, es una situación cualitativamente distinta a la de la semana pasada.
Porfirio Lobo, el ganador de los comicios, es un representante conspicuo de ese pequeño círculo de hierro, dueño y señor del país, un hombre de derecha que difícilmente cambiará los índices de desigualdad y de pobreza que hacen palidecer de vergüenza a cualquiera, pero ha sido elegido democráticamente, lo cual complica la situación para muchos actores, más allá de Micheletti, Zelaya o el propio Lobo.
Es complicada para Brasil, por ejemplo, que no las tiene todas consigo: lo de Honduras y el recibimiento que hizo al presidente iraní la semana pasada, son analizados por muchos como dos traspiés consecutivos en su recién estrenada mayoría de edad en la escena internacional.
También para la OEA, que no puede ir más allá de lo que los países que la componen deciden por ella, y que también se enfrenta a un quiebre, por lo menos retórico, entre sus miembros (y, por tanto, contribuyendo al proceso y pérdida de relevancia que ha venido sufriendo por obra y gracia de sus propios integrantes).
Finalmente, es complicada para muchos países que retiraron sus embajadores, que dicen que no reconocerán el proceso, pero que saben que no hay muchas más alternativas.
En ese contexto, ¿es defender un golpe de estado apoyar las elecciones del domingo en Honduras? Por supuesto que no.
Los cientos de miles de hondureños que votaron (en malas condiciones, con personajes proscritos o refugiados, con candidatos renunciantes, etc. etc.), merecen que los políticos hondureños y la comunidad internacional encuentren alguna solución de compromiso que permita que todos salgan ganando.
Quizá el nuevo Presidente electo o el Congreso pueda facilitarla: ¿amnistía?, ¿retorno simbólico de Zelaya por unos días?, ¿ambas? Hay una máxima que no debe olvidarse: a los derrotados hay que darles una salida digna (lo cual es difícil hoy por los antecedentes que tenemos, pero esperemos que por una vez todos los actores estén a la altura de las circunstancias).
Lo contrario, que líderes nacionales e internacionales con tanta responsabilidad se mantengan en sus trece, producirá que algunos muchos reconozcan al nuevo gobierno, otros muchos no, y que demos la espalda a quienes prefirieron el voto a cualquier otra alternativa, lo cual, a estas alturas, en Honduras y en cualquier otra parte del mundo, es más de lo que se puede pedir.
Distante de esa postura, un EEUU que vuelve a participar por esta vez (¿?) en la región (luego de la autonomía relativa que la era Bush y el 11S nos legó). Barack Obama condenó el golpe y respaldó la democracia hondureña en su momento, pero no puede ir más allá de sus posibilidades (por eso es tan recomendable el ejercicio retórico, la pieza magistral de política que contiene el discurso de Arturo Valenzuela ante la OEA, reconociendo las elecciones hondureñas).
Y en versión doméstica, también dos contendientes: un Zelaya todavía vociferante pero cada vez más solo (lo cual se simboliza en que de los 300 manifestantes que dormían con él en la embajada meses atrás, hoy apenas queda un puñado); y, en el otro extremo, un Micheletti, miembro del mismo partido, aprovechando la interna política norteamericana (cuyo congreso condicionó la elección de autoridades a que el Ejecutivo dejará de apoyar sin condiciones a Zelaya), y que retorna al poder mañana después de un breve receso que, al no nombrar interino o reemplazante, es un fiel reflejo de la parodia trágica de su presidencia.
Casi todos conocemos los hechos más recientes en Honduras: un golpe de estado (o varios golpes); un presidente en el exilio y luego refugiado en la embajada del Brasil (sea por instancia de este país o con ayuda venezolana); otro presidente de facto que dio muestras de una muñeca política que le permitió sobrevivir a la presión de toda la comunidad internacional; un pacto no cumplido por maniobras políticas del más variado cuño; y, al final del día, unas elecciones relativamente limpias y transparentes y un Presidente electo… lo cual, convengamos, es una situación cualitativamente distinta a la de la semana pasada.
Porfirio Lobo, el ganador de los comicios, es un representante conspicuo de ese pequeño círculo de hierro, dueño y señor del país, un hombre de derecha que difícilmente cambiará los índices de desigualdad y de pobreza que hacen palidecer de vergüenza a cualquiera, pero ha sido elegido democráticamente, lo cual complica la situación para muchos actores, más allá de Micheletti, Zelaya o el propio Lobo.
Es complicada para Brasil, por ejemplo, que no las tiene todas consigo: lo de Honduras y el recibimiento que hizo al presidente iraní la semana pasada, son analizados por muchos como dos traspiés consecutivos en su recién estrenada mayoría de edad en la escena internacional.
También para la OEA, que no puede ir más allá de lo que los países que la componen deciden por ella, y que también se enfrenta a un quiebre, por lo menos retórico, entre sus miembros (y, por tanto, contribuyendo al proceso y pérdida de relevancia que ha venido sufriendo por obra y gracia de sus propios integrantes).
Finalmente, es complicada para muchos países que retiraron sus embajadores, que dicen que no reconocerán el proceso, pero que saben que no hay muchas más alternativas.
En ese contexto, ¿es defender un golpe de estado apoyar las elecciones del domingo en Honduras? Por supuesto que no.
Los cientos de miles de hondureños que votaron (en malas condiciones, con personajes proscritos o refugiados, con candidatos renunciantes, etc. etc.), merecen que los políticos hondureños y la comunidad internacional encuentren alguna solución de compromiso que permita que todos salgan ganando.
Quizá el nuevo Presidente electo o el Congreso pueda facilitarla: ¿amnistía?, ¿retorno simbólico de Zelaya por unos días?, ¿ambas? Hay una máxima que no debe olvidarse: a los derrotados hay que darles una salida digna (lo cual es difícil hoy por los antecedentes que tenemos, pero esperemos que por una vez todos los actores estén a la altura de las circunstancias).
Lo contrario, que líderes nacionales e internacionales con tanta responsabilidad se mantengan en sus trece, producirá que algunos muchos reconozcan al nuevo gobierno, otros muchos no, y que demos la espalda a quienes prefirieron el voto a cualquier otra alternativa, lo cual, a estas alturas, en Honduras y en cualquier otra parte del mundo, es más de lo que se puede pedir.
¿Qué eligen los bolivianos en diciembre?
El próximo 6 de diciembre se realizarán elecciones presidenciales en Bolivia. El gran favorito es Evo Morales que apuesta tener dos tercios de los votos y la posibilidad de lograr una mayoría histórica que consolidaría el proceso que encabeza desde enero de 2006.
El Presidente boliviano ha dicho que recién a partir de entonces se instaurará una verdadera democracia y se darán las condiciones para radicalizar algunas de sus políticas. Pero nadie puede apostar demasiado a las promesas hechas al calor de la campaña, otra cosa —lo sabe bien Morales— es la gris cotidianeidad de la gestión gubernamental.
La discusión entonces no es sobre quién ganará la elección sino sobre la magnitud del triunfo de Morales. Según una encuesta del periódico La Razón (www.la-razon.com) el presidente Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) está en primer lugar con el 52% del total de intenciones de voto (sin descontar nulos, blancos e indecisos, lo cual eleva ese porcentaje); seguido de Manfred Reyes Villa del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) con el 21%; Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN) con el 13%; y René Joaquino de Alianza Social (AS) con el 3%. El resto de los candidatos (4) no alcanzan 1% de intención de los votos.
Con esos datos, la oposición regional —derrotada política y militarmente, sin concesiones— apenas hará un papel decoroso. Su mejor carta es el binomio Manfred Reyes Villa, un ex capitán de Ejército, y Leopoldo Fernández, un político de derecha detenido y acusado por violación a los derechos humanos (lo que le impide tener contacto con la prensa); asimismo, se ha dictado arraigo contra el propio Reyes Villa.
Por eso no llama la atención que dirigentes de la otrora poderosa y racista Unión Juvenil Cruceñista hoy se sumen al proyecto de Evo Morales, que los recibe con los brazos abiertos en una política de inclusión que recuerda los mejores momentos de la democracia pactada boliviana postransición, y que se ha justificado con los más diversos y peregrinos argumentos.
¿Se cumplirá el deseo del mandatario y podrá alcanzar los dos tercios del Congreso? De ocurrir ello, y de acuerdo con la nueva Constitución, Evo Morales podrá designar al Contralor de la República, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General, a los vocales electorales y a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura. Lo cual en otras palabras significa que Morales tendrá todo el poder en sus manos, incluido el judicial y el electoral. Un escenario seductor para cualquier político, pero excesivamente peligroso para cualquier ser humano.
También podrá —si el deseo lo asalta de improviso— reformar la Constitución Política del Estado y lograr la aprobación de la reelección indefinida, lo que es el último grito de moda en la región. Actualmente el vencedor de las elecciones bolivianas puede ser reelegido sólo por una vez (la reelección fue limitada por un artículo transitorio de la Constitución que establece que los mandatos anteriores a la actual Carta Magna también se tomarán en cuenta. Lo que deja momentáneamente fuera a Morales).
Por otra parte, ese domingo se elegirán a los senadores y diputados de la denominada Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso). La nueva Cámara de Diputados estará compuesta por 130 miembros, la mitad elegidos en circunscripciones uninominales y la otra en circunscripciones plurinominales. La nueva Cámara Alta estará conformada por 36 senadores, cuatro por cada departamento. Según la encuesta de La Razón en el Senado el MAS tendrá entre 22 y 24 escaños (con lo que alcanzaría la cifra mágica de los dos tercios); seguido de PPB-CN (de 9 a 11 senadores en las apuestas más optimistas) y UN (de 1 a 3 congresales). En la Cámara Baja, el MAS podría alcanzar entre 76 y 82 diputados (y una cómoda mayoría); también ingresarían PPB-CN: 34 a 37; UN: 13 a 18; y AS: 2.
Otra novedad en esta elección será la prueba de blancura del nuevo padrón electoral, que esta vez es biométrico y ultramoderno. Todos reconocen el esfuerzo y el compromiso democrático de los bolivianos que en pocos meses se reinscribieron al nuevo sistema que será utilizado por primera vez el próximo 6 de diciembre. El padrón permitirá que 5,3 millones de ciudadanos elijan autoridades con una tecnología nunca vista antes. Su existencia es la respuesta del gobierno a las susceptibilidades de la oposición respecto al anterior padrón, y a la demanda de la comunidad internacional. Por otra parte y por si acaso, 184 observadores internacionales, encabezados por la OEA, están listos para certificar la transparencia del proceso.
Sin embargo, los medios coinciden que el punto negativo lo da el hecho de la utilización del aparato estatal a favor de la candidatura oficialista, una práctica común en la región que en Bolivia es una costumbre que no tiene visos de modificarse y que se incrementa al calor del clima y del ofertón electoral.
Pero las campañas no pueden ser permanentes y ya sin la incertidumbre de quién será el ganador, la discusión en Bolivia corre en otro sentido: se centra más bien en los límites económicos del nacionalismo indigenista, y en la profundización (o no) del orden posneoliberal, que para muchos debería ser la principal herencia de la era Morales y, para otros, el límite de sus posibilidades.
Por eso muchos se preguntan si no habrá más retórica comunitarista que intenciones revolucionarias, mientras que otros esperan que la catarsis simbólica vaya más allá de lo discursivo. En cualquier caso, los cinco años que tiene por delante Evo Morales son un desafío inmejorable para responder a cualquiera de estas preguntas.
El Presidente boliviano ha dicho que recién a partir de entonces se instaurará una verdadera democracia y se darán las condiciones para radicalizar algunas de sus políticas. Pero nadie puede apostar demasiado a las promesas hechas al calor de la campaña, otra cosa —lo sabe bien Morales— es la gris cotidianeidad de la gestión gubernamental.
La discusión entonces no es sobre quién ganará la elección sino sobre la magnitud del triunfo de Morales. Según una encuesta del periódico La Razón (www.la-razon.com) el presidente Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) está en primer lugar con el 52% del total de intenciones de voto (sin descontar nulos, blancos e indecisos, lo cual eleva ese porcentaje); seguido de Manfred Reyes Villa del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) con el 21%; Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN) con el 13%; y René Joaquino de Alianza Social (AS) con el 3%. El resto de los candidatos (4) no alcanzan 1% de intención de los votos.
Con esos datos, la oposición regional —derrotada política y militarmente, sin concesiones— apenas hará un papel decoroso. Su mejor carta es el binomio Manfred Reyes Villa, un ex capitán de Ejército, y Leopoldo Fernández, un político de derecha detenido y acusado por violación a los derechos humanos (lo que le impide tener contacto con la prensa); asimismo, se ha dictado arraigo contra el propio Reyes Villa.
Por eso no llama la atención que dirigentes de la otrora poderosa y racista Unión Juvenil Cruceñista hoy se sumen al proyecto de Evo Morales, que los recibe con los brazos abiertos en una política de inclusión que recuerda los mejores momentos de la democracia pactada boliviana postransición, y que se ha justificado con los más diversos y peregrinos argumentos.
¿Se cumplirá el deseo del mandatario y podrá alcanzar los dos tercios del Congreso? De ocurrir ello, y de acuerdo con la nueva Constitución, Evo Morales podrá designar al Contralor de la República, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General, a los vocales electorales y a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura. Lo cual en otras palabras significa que Morales tendrá todo el poder en sus manos, incluido el judicial y el electoral. Un escenario seductor para cualquier político, pero excesivamente peligroso para cualquier ser humano.
También podrá —si el deseo lo asalta de improviso— reformar la Constitución Política del Estado y lograr la aprobación de la reelección indefinida, lo que es el último grito de moda en la región. Actualmente el vencedor de las elecciones bolivianas puede ser reelegido sólo por una vez (la reelección fue limitada por un artículo transitorio de la Constitución que establece que los mandatos anteriores a la actual Carta Magna también se tomarán en cuenta. Lo que deja momentáneamente fuera a Morales).
Por otra parte, ese domingo se elegirán a los senadores y diputados de la denominada Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso). La nueva Cámara de Diputados estará compuesta por 130 miembros, la mitad elegidos en circunscripciones uninominales y la otra en circunscripciones plurinominales. La nueva Cámara Alta estará conformada por 36 senadores, cuatro por cada departamento. Según la encuesta de La Razón en el Senado el MAS tendrá entre 22 y 24 escaños (con lo que alcanzaría la cifra mágica de los dos tercios); seguido de PPB-CN (de 9 a 11 senadores en las apuestas más optimistas) y UN (de 1 a 3 congresales). En la Cámara Baja, el MAS podría alcanzar entre 76 y 82 diputados (y una cómoda mayoría); también ingresarían PPB-CN: 34 a 37; UN: 13 a 18; y AS: 2.
Otra novedad en esta elección será la prueba de blancura del nuevo padrón electoral, que esta vez es biométrico y ultramoderno. Todos reconocen el esfuerzo y el compromiso democrático de los bolivianos que en pocos meses se reinscribieron al nuevo sistema que será utilizado por primera vez el próximo 6 de diciembre. El padrón permitirá que 5,3 millones de ciudadanos elijan autoridades con una tecnología nunca vista antes. Su existencia es la respuesta del gobierno a las susceptibilidades de la oposición respecto al anterior padrón, y a la demanda de la comunidad internacional. Por otra parte y por si acaso, 184 observadores internacionales, encabezados por la OEA, están listos para certificar la transparencia del proceso.
Sin embargo, los medios coinciden que el punto negativo lo da el hecho de la utilización del aparato estatal a favor de la candidatura oficialista, una práctica común en la región que en Bolivia es una costumbre que no tiene visos de modificarse y que se incrementa al calor del clima y del ofertón electoral.
Pero las campañas no pueden ser permanentes y ya sin la incertidumbre de quién será el ganador, la discusión en Bolivia corre en otro sentido: se centra más bien en los límites económicos del nacionalismo indigenista, y en la profundización (o no) del orden posneoliberal, que para muchos debería ser la principal herencia de la era Morales y, para otros, el límite de sus posibilidades.
Por eso muchos se preguntan si no habrá más retórica comunitarista que intenciones revolucionarias, mientras que otros esperan que la catarsis simbólica vaya más allá de lo discursivo. En cualquier caso, los cinco años que tiene por delante Evo Morales son un desafío inmejorable para responder a cualquiera de estas preguntas.
Jiu-jitsu uruguayo
No debe haber otro político exitoso en la región del que se puedan contar tantas anécdotas e historias trágicas y cómicas como de José Mujica, el uruguayo triunfador en la primera vuelta electoral de su país por el Frente Amplio, un veterano militante de izquierda, encarcelado y torturado por sus ideas radicales y plenamente reconvertido a la democracia. Tampoco debe haber otro que haya intentado con más énfasis y suerte variopinta, hacer de sus debilidades fortalezas para la contienda, en un particular jiu-jitsu que es causa constante de dolor de cabeza para todos sus asesores; lo que le permitió ganar en la interna de su partido y ahora en las elecciones, pero que en algún momento hicieron temer hasta por su suerte (sobre todo por sus declaraciones explosivas, las que tuvo que enmendar haciéndose dueño de su silencio). Es cierto que no le alcanzaron los votos para imponerse con mayoría absoluta, pero difícilmente ocurrirá una sorpresa en el balotaje del próximo 29 de noviembre.
Ahora bien, una pregunta que se ha hecho constantemente apunta a si su posible victoria significará una nueva reconfiguración de fuerzas en el actual escenario internacional, esto es, si Uruguay se transformará en otro país que adhiera al proyecto chavista, o mantendrá como su modelo al Brasil de Lula.
Las particularidades del Frente Amplio, su reconversión y la cultura cívica uruguaya convierten en improbable —sobre todo cinco años después del triunfo de Tabaré Vásquez— esa transformación. Tabaré proviene de la misma fuerza política que Mujica, asumió con su país deteriorado y apenas sobreviviente de la crisis de entonces, y hoy lo entrega como nunca, con la popularidad por los cielos. Hoy sabemos que Uruguay, gracias a él, es uno de los países que mejor ha entendido la alquimia virtuosa del estatismo y la inversión privada permitiendo, entre muchas otras cosas, que el ingreso per capita duplique el promedio regional, creciendo un tercio desde 2004. Hereda a su sucesor, eso sí, un grave conflicto con Argentina que hoy se discute hasta en La Haya, y muchos analistas pronostican que no cambiará hasta que haya nuevos gobiernos en ambos países.
Mujica representa de forma diáfana continuidad, cierto, pero también las contradicciones de la izquierda uruguaya, quizá el motivo por el cual no logró el sueño de ganar en primera vuelta; a la vez es el mejor ejemplo de lo que puede hacer una fuerza progresista si reenfoca sus viejas demandas e interpreta los nuevos desafíos que se le presentan (está vez en democracia y globalizados).
Curiosamente, también expresa el consenso y la transversalidad que han sido el secreto del éxito de la política uruguaya, y que va mucho más allá del Frente Amplio. De forma que, aún si gana la derecha, difícilmente se discontinuarían las políticas de apertura, desarrollo y educación que hoy convierten a Uruguay en un país pionero en el mundo, que entrega un computador a todos los estudiantes de colegios públicos (que representan la inmensa mayoría), lo cual sólo es posible por sus dimensiones y por la solidez de su sistema educativo. De nuevo, jiu-jitsu tecnológico convirtiendo una debilidad en fortaleza.
Mujica no es Morales, ni la institucionalidad o la participación política uruguaya pueden ser comparadas con la venezolana. Quienes buscan identificar su posible triunfo con la caída de un fruto más en la cesta chavista, están confundiendo peras con manzanas. Como escribía un periodista argentino ayer, resignado y alegre ante el éxito sostenido de su pequeño vecino: “da envidia Uruguay”.
(Publicado en La Tercera el 28 de octubre de 2009)
Ahora bien, una pregunta que se ha hecho constantemente apunta a si su posible victoria significará una nueva reconfiguración de fuerzas en el actual escenario internacional, esto es, si Uruguay se transformará en otro país que adhiera al proyecto chavista, o mantendrá como su modelo al Brasil de Lula.
Las particularidades del Frente Amplio, su reconversión y la cultura cívica uruguaya convierten en improbable —sobre todo cinco años después del triunfo de Tabaré Vásquez— esa transformación. Tabaré proviene de la misma fuerza política que Mujica, asumió con su país deteriorado y apenas sobreviviente de la crisis de entonces, y hoy lo entrega como nunca, con la popularidad por los cielos. Hoy sabemos que Uruguay, gracias a él, es uno de los países que mejor ha entendido la alquimia virtuosa del estatismo y la inversión privada permitiendo, entre muchas otras cosas, que el ingreso per capita duplique el promedio regional, creciendo un tercio desde 2004. Hereda a su sucesor, eso sí, un grave conflicto con Argentina que hoy se discute hasta en La Haya, y muchos analistas pronostican que no cambiará hasta que haya nuevos gobiernos en ambos países.
Mujica representa de forma diáfana continuidad, cierto, pero también las contradicciones de la izquierda uruguaya, quizá el motivo por el cual no logró el sueño de ganar en primera vuelta; a la vez es el mejor ejemplo de lo que puede hacer una fuerza progresista si reenfoca sus viejas demandas e interpreta los nuevos desafíos que se le presentan (está vez en democracia y globalizados).
Curiosamente, también expresa el consenso y la transversalidad que han sido el secreto del éxito de la política uruguaya, y que va mucho más allá del Frente Amplio. De forma que, aún si gana la derecha, difícilmente se discontinuarían las políticas de apertura, desarrollo y educación que hoy convierten a Uruguay en un país pionero en el mundo, que entrega un computador a todos los estudiantes de colegios públicos (que representan la inmensa mayoría), lo cual sólo es posible por sus dimensiones y por la solidez de su sistema educativo. De nuevo, jiu-jitsu tecnológico convirtiendo una debilidad en fortaleza.
Mujica no es Morales, ni la institucionalidad o la participación política uruguaya pueden ser comparadas con la venezolana. Quienes buscan identificar su posible triunfo con la caída de un fruto más en la cesta chavista, están confundiendo peras con manzanas. Como escribía un periodista argentino ayer, resignado y alegre ante el éxito sostenido de su pequeño vecino: “da envidia Uruguay”.
(Publicado en La Tercera el 28 de octubre de 2009)
Argentina: a favor y en contra de la Ley de Medios
www.sudamericaxxi.cl.- Una síntesis sobre la Ley de Medios en la Argentina. La posición oficial del gobierno y las posturas críticas encabezadas por el grupo Clarín. ¿Es todo tan malo o tan bueno como dicen algunos?
Descargar y ver la posición oficial del gobierno
Antecedentes
De Videla a los Kirchner, la historia de la ley de radiodifusión
Posiciones críticas de Clarín
Otras críticas de Clarín
El análisis de los columnistas de Clarín
Otros columnistas de Clarín
Análisis de La Nación
El análisis de los columnistas de La Nación
SIP
——-
Portal del gobierno: Nueva Ley de Medios, punto por punto
Una síntesis con los términos más sobresalientes de la nueva normativa de servicios de comunicación audiovisual para entender de qué se trata y las mejoras que introduce al sistema vigente.
1) Democratización y universalización
La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
2) Servicios de interés público
Se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura.
3) Órganos colegiados
Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Existirá también un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa.
4) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
Se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.
5) Abono Social
Los servicios de televisión por cable deberán disponer de un abono social. Esta disposición atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso, es el único servicio que existe para mirar televisión. Se busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual.
6) Desmonopolización
Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
7) Titulares de las licencias
El proyecto establece que para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario.
8). Participación de cooperativas
A diferencia de la ley vigente, se permite la participación de cooperativas, siempre y cuando se garantice una porción del mercado a un competidor.
9) Plazo de las licencias
La operación de los medios audiovisuales se hará, según la propuesta, por sistema de licencias y las mismas durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.
Al mismo tiempo esas licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías -la digitalización- un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.
10) Más contenidos nacionales
Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales.
Los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos.
Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.
11) Igualdad de oportunidades
Las emisiones de televisión abierta y la señal local de producción propia de los sistemas de cable deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos.
12) Acceso universal para la transmisión de eventos deportivos
Se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. Los partidos de fútbol y otros encuentros olímpicos que sean de interés para la Argentina se transmitirán por la televisión abierta de acceso libre.
13) Publicidad
Se regula el tiempo de emisión de publicidad con el objetivo de proteger al público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un modelo de radio y televisión de calidad.
14) Nuevas tecnologías y servicios
A diferencia de la ley anterior, la propuesta contempla el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativas en la actualidad. Se procura un desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la pluralidad debe ser garantizada.
15) Radio y televisión estatales más participativos
Se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que reunirá a todos los servicios de radiodifusión sonora y televisiva que en este momento se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional. El Directorio estará integrado por siete miembros, con un presidente y un director designado por el Poder Ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. Y se crea un Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos que garantiza mayor participación social.
16) Medios Municipales y Provinciales
Se reserva para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia AM, una FM y una de televisión abierta. Cada Estado Municipal tendrá reservada una frecuencia FM.
17) Más voces de la sociedad civil
Se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televisión abierta.
18) Medios Universitarios y Educativos
Las Universidades Nacionales podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Deberán dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural.
19) Televisión e infancia
Se prevé la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes que tendrá como objetivo desarrollar estrategias que permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural e infantil.
20) Cine nacional
Se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año. La ley actual no contempla ninguna normativa de promoción del cine nacional.
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De Videla a los Kirchner, la historia de la ley de radiodifusión
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Análisis de La Nación
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Portal del gobierno: Nueva Ley de Medios, punto por punto
Una síntesis con los términos más sobresalientes de la nueva normativa de servicios de comunicación audiovisual para entender de qué se trata y las mejoras que introduce al sistema vigente.
1) Democratización y universalización
La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
2) Servicios de interés público
Se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura.
3) Órganos colegiados
Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Existirá también un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa.
4) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual
Se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.
5) Abono Social
Los servicios de televisión por cable deberán disponer de un abono social. Esta disposición atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso, es el único servicio que existe para mirar televisión. Se busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual.
6) Desmonopolización
Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
7) Titulares de las licencias
El proyecto establece que para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario.
8). Participación de cooperativas
A diferencia de la ley vigente, se permite la participación de cooperativas, siempre y cuando se garantice una porción del mercado a un competidor.
9) Plazo de las licencias
La operación de los medios audiovisuales se hará, según la propuesta, por sistema de licencias y las mismas durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.
Al mismo tiempo esas licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías -la digitalización- un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.
10) Más contenidos nacionales
Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales.
Los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos.
Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.
11) Igualdad de oportunidades
Las emisiones de televisión abierta y la señal local de producción propia de los sistemas de cable deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos.
12) Acceso universal para la transmisión de eventos deportivos
Se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. Los partidos de fútbol y otros encuentros olímpicos que sean de interés para la Argentina se transmitirán por la televisión abierta de acceso libre.
13) Publicidad
Se regula el tiempo de emisión de publicidad con el objetivo de proteger al público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un modelo de radio y televisión de calidad.
14) Nuevas tecnologías y servicios
A diferencia de la ley anterior, la propuesta contempla el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativas en la actualidad. Se procura un desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la pluralidad debe ser garantizada.
15) Radio y televisión estatales más participativos
Se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que reunirá a todos los servicios de radiodifusión sonora y televisiva que en este momento se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional. El Directorio estará integrado por siete miembros, con un presidente y un director designado por el Poder Ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. Y se crea un Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos que garantiza mayor participación social.
16) Medios Municipales y Provinciales
Se reserva para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia AM, una FM y una de televisión abierta. Cada Estado Municipal tendrá reservada una frecuencia FM.
17) Más voces de la sociedad civil
Se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televisión abierta.
18) Medios Universitarios y Educativos
Las Universidades Nacionales podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Deberán dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural.
19) Televisión e infancia
Se prevé la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes que tendrá como objetivo desarrollar estrategias que permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural e infantil.
20) Cine nacional
Se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año. La ley actual no contempla ninguna normativa de promoción del cine nacional.
Principio de realidad
Nadie duda de que en medio del borrascoso panorama regional, de la moda chillona del traje de fajina y el reequipamiento bélico o del estreno de la potencia brasileña en las grandes ligas mundiales, las señales de distensión y buena vecindad deben ser festejadas.
Por eso, aunque no sea una novedad, recordemos que hace largos tres años que Chile y Bolivia viven un intenso idilio, que continuará en diciembre próximo cuando Evo Morales arrase en las elecciones que lo tienen como único favorito y que, probablemente, ninguno de los candidatos chilenos en disputa se anime a romper sin tener que dar grandes explicaciones, sobre todo porque el tercer involucrado en esta relación de a dos —Perú—, seguirá siendo la principal preocupación internacional a este lado de la cordillera. En ese marco, el ejercicio militar que próximamente hará Chile y en el cual están invitados varios países, entre ellos Bolivia, no hace más que reafirmar todo lo dicho y nos obliga a dar parabienes a quienes lo imaginaron.
Pero en medio de tantas buenas noticias es preciso retornar al principio de realidad como ley ordenadora o, mejor, no debemos olvidar que el pan para hoy puede ser hambre para mañana, porque en un mundo hipermediatizado la política internacional también es cuestión de expectativas.
Y, en el caso de Bolivia, éstas han crecido sostenidamente y de forma desmesurada, alimentadas, cierto, por el propio Morales (quien, como todo político boliviano, cree que podrá resolver el diferendo entre ambos países, convirtiéndose en un héroe como los decimonónicos: así de importante es este asunto), y también —no seamos ingenuos— por la cancillería chilena, que aprovecha su larga experiencia en estas lides. Para ella este escenario es puro deseo: la buena vecindad ha permitido no sólo evitar la multilateralización o trilateralización del tema, sino también ha contribuido a distanciar a Bolivia de Perú (lo cual también ocurrió por razones ideológicas y personales, cierto, pero nadie se animaría a minimizar tamaña carambola).
Ahora bien, ya lo vimos con el preacuerdo por las aguas del Silala que debía ser el primer fruto de la relación: lo que ambas cancillerías anunciaron como un hecho, tuvo que ser disimulado y escondido bajo la alfombra. Fue tal el rechazo que hubo en Bolivia por el contenido del pacto, que el mismo Morales tuvo que emplearse a fondo para evitar un papelón y lograr el respaldo de sus descamisados.
Lamentablemente, las historias de amor no son democráticas y, cuando se rompen, siempre uno sufre más que el otro; además, en el largo plazo son pocas las que subsisten a puro sentimiento y, en relaciones internacionales, ninguna.
En resumen, mi tesis es que las sobreexpectativas que se están construyendo en Bolivia, no podrán ser satisfechas por razones estructurales, lo cual generará un conflicto mucho mayor en el largo plazo y, además, el retorno de Bolivia a su alianza histórica con el Perú (pero entonces no seremos los mismos ni lo que tienen que perder los tres países en materia de prestigio y poder será igual… pero todo eso es otra historia).
Llegado el momento, incluso Morales, que hoy parece invencible, presentará resquebrajaduras y una de las mayores será ésta: ¿qué político no querrá cobrarle la cuenta? Y entonces, lógico, lo que haría cualquiera, ahora y antaño, aquí o en cualquier otra parte del mundo, es aprovechar la bipolaridad de la opinión pública en beneficio propio.
(Publicada en La Tercera el 8 de octubre de 2009)
Por eso, aunque no sea una novedad, recordemos que hace largos tres años que Chile y Bolivia viven un intenso idilio, que continuará en diciembre próximo cuando Evo Morales arrase en las elecciones que lo tienen como único favorito y que, probablemente, ninguno de los candidatos chilenos en disputa se anime a romper sin tener que dar grandes explicaciones, sobre todo porque el tercer involucrado en esta relación de a dos —Perú—, seguirá siendo la principal preocupación internacional a este lado de la cordillera. En ese marco, el ejercicio militar que próximamente hará Chile y en el cual están invitados varios países, entre ellos Bolivia, no hace más que reafirmar todo lo dicho y nos obliga a dar parabienes a quienes lo imaginaron.
Pero en medio de tantas buenas noticias es preciso retornar al principio de realidad como ley ordenadora o, mejor, no debemos olvidar que el pan para hoy puede ser hambre para mañana, porque en un mundo hipermediatizado la política internacional también es cuestión de expectativas.
Y, en el caso de Bolivia, éstas han crecido sostenidamente y de forma desmesurada, alimentadas, cierto, por el propio Morales (quien, como todo político boliviano, cree que podrá resolver el diferendo entre ambos países, convirtiéndose en un héroe como los decimonónicos: así de importante es este asunto), y también —no seamos ingenuos— por la cancillería chilena, que aprovecha su larga experiencia en estas lides. Para ella este escenario es puro deseo: la buena vecindad ha permitido no sólo evitar la multilateralización o trilateralización del tema, sino también ha contribuido a distanciar a Bolivia de Perú (lo cual también ocurrió por razones ideológicas y personales, cierto, pero nadie se animaría a minimizar tamaña carambola).
Ahora bien, ya lo vimos con el preacuerdo por las aguas del Silala que debía ser el primer fruto de la relación: lo que ambas cancillerías anunciaron como un hecho, tuvo que ser disimulado y escondido bajo la alfombra. Fue tal el rechazo que hubo en Bolivia por el contenido del pacto, que el mismo Morales tuvo que emplearse a fondo para evitar un papelón y lograr el respaldo de sus descamisados.
Lamentablemente, las historias de amor no son democráticas y, cuando se rompen, siempre uno sufre más que el otro; además, en el largo plazo son pocas las que subsisten a puro sentimiento y, en relaciones internacionales, ninguna.
En resumen, mi tesis es que las sobreexpectativas que se están construyendo en Bolivia, no podrán ser satisfechas por razones estructurales, lo cual generará un conflicto mucho mayor en el largo plazo y, además, el retorno de Bolivia a su alianza histórica con el Perú (pero entonces no seremos los mismos ni lo que tienen que perder los tres países en materia de prestigio y poder será igual… pero todo eso es otra historia).
Llegado el momento, incluso Morales, que hoy parece invencible, presentará resquebrajaduras y una de las mayores será ésta: ¿qué político no querrá cobrarle la cuenta? Y entonces, lógico, lo que haría cualquiera, ahora y antaño, aquí o en cualquier otra parte del mundo, es aprovechar la bipolaridad de la opinión pública en beneficio propio.
(Publicada en La Tercera el 8 de octubre de 2009)
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