América del Sur frente a la crisis de Bolivia

Mónica Hirst* (publicado en Nueva Crónica N° 25).-

La salida democrática para la crisis boliviana también constituye una condición esencial para el futuro de la comunidad sudamericana.
Un fracaso en este sentido aproximará de forma inexorable a Bolivia a una intervención internacional.
La intensidad y calidad de la crisis política en Bolivia suscita una enorme preocupación, tanto por sus consecuencias para el futuro del país como por su impacto para nuestra región. Ya no resulta posible desvincular ambas dimensiones y parecería que estamos viviendo una etapa en que las prioridades están bastante más próximas al control de daños que a la valorización de los atributos transformadores de la historia del país.
En este cuadro, es necesaria una respuesta regional sudamericana que otorgue –de ser posible a través de una voz única– solidaridad y autoridad. La reunión de emergencia del UNASUR convocada por el gobierno chileno representó un primer paso en esta dirección. Las iniciativas concretas anunciadas, basadas en premisas previamente establecidas, demuestran la intención de no echar a perder el impulso del momento. El apoyo a la gobernabilidad de Evo Morales a cambio de una predisposición sustentable de diálogo y negociación con las fuerzas opositoras –lo que se traduce en reabrir el paquete constitucional–, marca la primera fase de la mediación sudamericana. La segunda reunión realizada en Nueva York –en el contexto de la Asamblea anual de la onu– amplió aún más las intenciones del grupo sudamericano de garantizar su presencia mediadora e investigadora en la crisis boliviana.
El riesgo de una fragmentación liderada por el departamento de Santa Cruz exige una reacción de la comunidad sudamericana que rechace esta hipótesis con la misma firmeza con la que se actuó frente al tema nuclear en el pasado, cuando fue negociado el Tratado de Tlatelolco. En el presente, el desmembramiento territorial constituye una amenaza a la seguridad de cualquier sistema regional.
Debemos defender el principio de integridad territorial de los Estados sudamericanos de la misma forma en la que logramos la desnuclearización. Si la preservación de la paz es un valor absoluto en América del Sur resulta inadmisible cualquier riesgo a la misma. El hecho de que esta región conserve la misma geografía política que hacia finales del siglo xix –lo que no ocurre en Europa, en Asia, ni mucho menos en África– constituye un patrimonio valioso y digno de preservación. Soluciones federativas deberían ser buscadas por medio de negociaciones pacientes y creativas entre La Paz y los departamentos separatistas.
Todo tipo de asistencia debería ser ofrecida de forma organizada y coordinada por países –de la región o no– que disponen de sistemas federativos en los cuales se compatibilizan grados diferentes de autonomía fiscal y política.
Son conocidas las condiciones vulnerables de las realidades que combinan abundantes recursos energéticos, fragilidad institucional y producción y circulación de drogas. La realidad cotidiana en Asia central enseña sobre la erosión, aparentemente irreversible, de soberanías en países dominados por este tipo de escenario. Pero el entorno no-democrático, en el cual se destacan potencias como China y Rusia, también debe ser indicado como un factor explicativo de estos contextos. Este no es el caso de América del Sur. No obstante, sólo será posible evitar la securitización de sus crisis políticas reforzando el consenso por soluciones que apuesten al diálogo y al pluralismo.
De la misma forma que el resultado de la reunión de Santiago representa una prueba de fuego para el
afianzamiento de UNASUR, la salida democrática para la crisis boliviana también constituye una condición esencial para el futuro de la comunidad sudamericana. Un fracaso en este sentido aproximará de forma inexorable a Bolivia a una intervención internacional. Si bien ésta podría contar con una fuerte presencia sudamericana, la herida a la soberanía de la nación boliviana sería semejante a la que soportan los 20 países que actualmente se encuentran bajo intervención externa.
La actual coyuntura pide consensos pero también reclama liderazgo político. El hecho de que los ojos de la región estén puestos en Brasil no significa que estén plenamente dadas las condiciones para que el país asuma este papel. Tanto las resistencias internas como las garantías externas –esencialmente de los Estados Unidos– podrían generar dificultades para el gobierno de Lula. Sin embargo, las condiciones nunca fueron tan propicias en ambos frentes. En el ámbito político interno se observa un amplio reconocimiento del momento económico y de la proyección internacional brasileña. A diferencia del momento político electoral de hace 2 años, cuando la polarización entre sectores oficialistas y opositores incluyó a la política exterior como un tema de agenda, en el presente prevalece concordancia y baja politización entre gobierno y oposición en esta materia. Ya con la relación con Estados Unidos se suman muchos elementos a favor de un protagonismo brasileño en Sudamérica. La crisis de liderazgo de Washington en la región, la falta de interés y energía política para lidiar con sus “periferias turbulentas”, contribuyen a que Brasil asuma su condición de poder regional. El margen de maniobra ante la negligencia y el desprestigio es naturalmente más amplio que en un contexto de recuperación del comando esperado en el 2009, ya sea bajo un proyecto que alude a la adopción del método del garrote (big stick) inspirado en Theodore Roosvelt o con un idealismo pontificado si gana el candidato demócrata. Pero más allá de quién ocupe hoy y mañana la Casa Blanca, la determinación de Brasilia de evitar que se asocie su protagonismo con una política de confrontación con eeuu no cambia. Además de mantenerse en los carriles de su propio diálogo estratégico iniciado con el gobierno Bush, Lula no desea poner en riesgo el apoyo de países claves en la región como Colombia y Chile. Al mismo tiempo, en el ámbito sudamericano, la diplomacia brasileña tendrá que encontrar una fórmula astuta y prudente para lidiar con las ambiciones políticas, ideológicas y militares del gobernante venezolano. Una intervención
directa de Venezuela en Bolivia podría ser fatal para este país: las divisiones internas se transformarían en enfrentamientos alimentados por apoyos externos que recordarían a los tiempos de guerra en América Central.
Pero el momento internacional y regional parece ser muy diferente. Si bien la experiencia de Contadora y su grupo de apoyo no pueden ser negados como antecedentes presentes en la memoria colectiva de los presidentes sudamericanos para enfrentar la crisis boliviana, el actual contexto no guarda semejanzas con la segunda Guerra Fría. En lugar de los condicionantes de la bipolaridad estamos ante un mundo en el cual las regiones son reconocidas como actores políticos y el multilateralismo adquiere una capacidad de intervención para buscar soluciones de estabilidad y paz. Es interesante notar que el delegado asignado para representar a unasur en el proceso de mediación política en Bolivia –Juan Gabriel Valdés– sea la misma persona que fue escogida como el primer representante del Secretario General de la onu ante la misión de paz en Haití (minustah) en 2003.
También llama la atención que desde el primer momento el gobierno norteamericano reconoció positivamente la actuación de unasur, lo cual nunca ocurrió con la concertación latinoamericana para América Central. Debe ser subrayado el apoyo otorgado por la Unión Europea al recientemente conformado grupo sudamericano y el sentido de oportunidad del mismo de proyectarse como
tal ante la Asamblea anual de la onu.
En otras palabras: multilateralismo efectivo, una postura delegativa de los Estados Unidos y una coordinación política regional bajo liderazgo brasileño podrían sumar a favor de una solución pacificadora, institucional y democrática para Bolivia. No obstante, la preservación de la integridad territorial y del pluralismo político parecen ahora implicar la aceptación de un monitoreo externo que inevitablemente limitará, en el corto y mediano plazo, la plena soberanía del país.

* Historiadora y cientista política brasileña, experta en temas de paz y seguridad.