El referendo cruceño y el costo de frenar a Evo

Por Fernando Molina, especial para Infolatam

Alrededor del 85 por ciento de los cruceños (según datos extraoficiales) acaba de aprobar un Estatuto Autonómico que, en teoría, les permitirá darse un completo auto-gobierno, sólo subordinado al Estado nacional en materia de defensa, moneda y relaciones exteriores. Si se aplicara plenamente, este Estatuto pondría a Santa Cruz en una situación similar a la del País Vasco dentro de España, incluso en cuanto al tratamiento de los impuestos nacionales como tributos locales de los cuales coparticipa el gobierno nacional.
Sin embargo, los efectos prácticos de esta abrumadora votación, que por otra parte todo el mundo esperaba, seguramente serán escasos, por lo menos en el terreno administrativo. El referendo se efectuó sin un claro respaldo legal y sin la aquiescencia de las autoridades nacionales, que durante varias semanas dudaron entre reprimirlo o, como sucedió al final, permitir su realización y desconocer sus resultados. Para el presidente Evo Morales y buena parte de los bolivianos del occidente del país, las atribuciones que pretende darse Santa Cruz son desmedidas e inaceptables. Por eso los seguidores de Morales en la capital de este Departamento y en la casi colindante Montero, así como en los pueblos de Yapacaní y San Julián –mayoritariamente habitados por inmigrantes del oeste– organizaron protestas e impidieron la votación en el cuatro por ciento de la mesas de sufragio, según la Corte Departamental Electoral. Por otra parte, resulta difícil que las autoridades cruceñas puedan usar las facultades que les concede el Estatuto aprobado, ya que la mayoría de las instituciones de gobierno que deberían comenzar a manejar, comenzando con el Servicio de Impuestos, tienen un carácter nacional. Desgajar la parte cruceña de estas instituciones requerirá de tiempo, de fondos y de la colaboración de La Paz, por lo que no es probable a corto plazo. Más factible resulta que, de aquí en adelante, los cruceños se aboquen a elegir la Asamblea Departamental que, según el Estatuto, debe funcionar como organismo legislativo. También se espera que en las próximas semanas otros tres departamentos efectúen sus propios referendos autonómicos –también rechazados por el gobierno–, aunque poniendo en consideración en ellos estatutos más moderados que los de Santa Cruz.
De este modo Bolivia, una vez más, gasta una gran cantidad de energías y de recursos –que por supuesto no tiene– en movilizaciones simbólicas, en demostraciones de fuerza, en complicadas y onerosas movidas ajedrecísticas dentro de una lucha que ya dura ocho años por evitar que se produzca una nueva revolución populista en el país (que ya ha vivido varias y sin embargo, o más bien por eso mismo, es el más pobre de Sudamérica). La lucha autonomista que encabeza Santa Cruz es el medio de la oposición para detener o por lo menos desviar el ímpetu redistribuidor y revanchista del gobierno de Evo Morales, que desde La Paz pretende construir un Estado justiciero y a la vez autoritario, a imitación del que gobierna Hugo Chávez en Venezuela. Hace menos de una semana, este proceso dio un nuevo fruto: la nacionalización “a la mala” de cuatro empresas petroleras y la principal compañía telefónica, acción que retiró la palabra empeñada por el Estado boliviano con compañías españolas, inglesas, norteamericanas, alemanas e italianas.
Sin embargo, el medio elegido por la oposición, aunque hasta ahora bastante eficiente, es peligroso porque alienta pasiones regionales que siempre han tensionado a Bolivia y que aquí no existe ningún Estado fuerte capaz de atenuar. La resistencia regional está frenando a Evo Morales, sí, pero al costo de –también ella– relativizar las leyes, debilitar las instituciones y despertar demonios (como el odio contra La Paz y contra los indígenas) cuya existencia explica buena parte de la historia de fracasos y de pobreza de Bolivia.