UNASUR: nacimiento con pronóstico reservado
El viernes pasado sólo los malabarismos diplomáticos brasileños y su peso específico en la región lograron que uno de los fracasos diplomáticos más resonantes de los últimos tiempos se convirtiera en el tibio y prematuro nacimiento de la Unión de Naciones Sudamericanas.
UNASUR es un nuevo organismo de integración política, social, cultural y económica que agrupa a 12 países sudamericanos que tendrá una Secretaría Permanente con sede en Quito, un Consejo de Jefes de Estado y otro de Ministros, y que deberá encontrar su lugar en el mundo entre el MERCOSUR y la CAN, las otras dos instancias subregionales de integración ya conocidas y existentes.
Como para que nadie dude de lo bien que nos va a los latinoamericanos en estos temas, hagamos un recuento de los problemas que tuvieron que sortear los anfitriones en Brasilia para que el papelón no se consumara: Colombia no quiso aceptar la presidencia pro témpore que le correspondía, por sus problemas con Venezuela y Ecuador (por eso la tuvo que asumir Chile, el siguiente país en orden alfabético); el Secretario General de UNASUR —el ex presidente ecuatoriano, Rodrigo Borja— renuncio intempestivamente porque no se hicieron las cosas como él quería; y, finalmente, lo que iba a ser la primera resolución de UNASUR, la idea brasileña de crear un Consejo de Defensa de América del Sur —una especie de OTAN sudamericana—, se vino abajo, nuevamente por la oposición de Colombia, país que hablaba por sí mismo, cierto, pero también por los EE.UU.
Con todos esos traspiés, sólo la fortaleza de Brasil, que busca en esta plataforma retomar el liderazgo continental, y la aquiescencia de la izquierda chavista que bebe los vientos por asuntos como éste, permitieron que naciera algo que se venía abajo irremediablemente.
Se ha escrito mucho sobre las dos almas de América Latina: una según la cual no importa el color del gato sino que éste cace ratones; y aquella para la cual es importante la raza y hasta el color del felino, parafraseando la clásica metáfora de Deng Xiaoping. Esas dos almas chocaron en la fundación de UNASUR, sólo que las buenas maneras de la diplomacia impidieron que el enfrentamiento se haga más explícito. Con la excepción, una vez más, de Colombia. Si algo hay que reconocerle a este país es que no tiene problemas en decir lo que piensan fuerte y claramente y que se ha convertido en una especie de anti-líder indiscutible.
En cualquier caso la unidad latinoamericana nunca estuvo tan lejos ni tampoco tuvo tantos organismos, burocracia, cumbres y reuniones como ahora. Si ya la integración económica está bastante magullada (a pesar de que como nunca la economía continental anda viento en popa), pensar en una de carácter político es excesivo para cualquiera, incluso para las ambiciones imperiales de Brasil o Venezuela.
Que Chile presida una instancia como ésta precisamente ahora es, que duda cabe, paradójico, sea porque algunos querrán ver en ello un premio consuelo al desplazamiento de su liderazgo económico del que tanto se habla sin mayor fundamento, sea porque quienes le reclamaban protagonismo político se dan cuenta que no hay mejor manera de cosechar tempestades.
Pero lo concreto es que UNASUR ha nacido, que Chile tiene la obligación de acompañarla durante sus primeros pasos; que Venezuela enciende cigarros, feliz por el alumbramiento; y que Brasil hará sus mejores esfuerzos para que el niño no se vuelva camello en el camino.
Coordinador Observatorio de Política Regional Chile 21
UNASUR es un nuevo organismo de integración política, social, cultural y económica que agrupa a 12 países sudamericanos que tendrá una Secretaría Permanente con sede en Quito, un Consejo de Jefes de Estado y otro de Ministros, y que deberá encontrar su lugar en el mundo entre el MERCOSUR y la CAN, las otras dos instancias subregionales de integración ya conocidas y existentes.
Como para que nadie dude de lo bien que nos va a los latinoamericanos en estos temas, hagamos un recuento de los problemas que tuvieron que sortear los anfitriones en Brasilia para que el papelón no se consumara: Colombia no quiso aceptar la presidencia pro témpore que le correspondía, por sus problemas con Venezuela y Ecuador (por eso la tuvo que asumir Chile, el siguiente país en orden alfabético); el Secretario General de UNASUR —el ex presidente ecuatoriano, Rodrigo Borja— renuncio intempestivamente porque no se hicieron las cosas como él quería; y, finalmente, lo que iba a ser la primera resolución de UNASUR, la idea brasileña de crear un Consejo de Defensa de América del Sur —una especie de OTAN sudamericana—, se vino abajo, nuevamente por la oposición de Colombia, país que hablaba por sí mismo, cierto, pero también por los EE.UU.
Con todos esos traspiés, sólo la fortaleza de Brasil, que busca en esta plataforma retomar el liderazgo continental, y la aquiescencia de la izquierda chavista que bebe los vientos por asuntos como éste, permitieron que naciera algo que se venía abajo irremediablemente.
Se ha escrito mucho sobre las dos almas de América Latina: una según la cual no importa el color del gato sino que éste cace ratones; y aquella para la cual es importante la raza y hasta el color del felino, parafraseando la clásica metáfora de Deng Xiaoping. Esas dos almas chocaron en la fundación de UNASUR, sólo que las buenas maneras de la diplomacia impidieron que el enfrentamiento se haga más explícito. Con la excepción, una vez más, de Colombia. Si algo hay que reconocerle a este país es que no tiene problemas en decir lo que piensan fuerte y claramente y que se ha convertido en una especie de anti-líder indiscutible.
En cualquier caso la unidad latinoamericana nunca estuvo tan lejos ni tampoco tuvo tantos organismos, burocracia, cumbres y reuniones como ahora. Si ya la integración económica está bastante magullada (a pesar de que como nunca la economía continental anda viento en popa), pensar en una de carácter político es excesivo para cualquiera, incluso para las ambiciones imperiales de Brasil o Venezuela.
Que Chile presida una instancia como ésta precisamente ahora es, que duda cabe, paradójico, sea porque algunos querrán ver en ello un premio consuelo al desplazamiento de su liderazgo económico del que tanto se habla sin mayor fundamento, sea porque quienes le reclamaban protagonismo político se dan cuenta que no hay mejor manera de cosechar tempestades.
Pero lo concreto es que UNASUR ha nacido, que Chile tiene la obligación de acompañarla durante sus primeros pasos; que Venezuela enciende cigarros, feliz por el alumbramiento; y que Brasil hará sus mejores esfuerzos para que el niño no se vuelva camello en el camino.
Coordinador Observatorio de Política Regional Chile 21
El referendo de la picardía
Fernando Molina
La situación boliviana actual no requiere de un análisis sociopolítico, sino de un psicoanálisis. En diciembre del año pasado, el presidente Evo Morales, que veía que sus iniciativas, entre ellas la aprobación de una nueva Constitución, eran sistemáticamente bloqueadas por los prefectos opositores que gobiernan seis de los nueve departamentos del país, decidió imitar el “referendo revocatorio” de la Constitución de Venezuela y anunció la presentación de un proyecto de ley sin antecedentes en la tradición boliviana. ‘Pido que el Congreso convoque al pueblo --dijo entonces el Presidente-- a votar por mantener o revocar los mandatos del presidente, el vicepresidente y los prefectos departamentales’. Al parecer su idea era aprovechar su popularidad, que entonces nadie dudaba, para sacar a los prefectos del escenario y destrabar el proceso político (suponiendo que el electorado lo ratificaría y en cambio destituiría a sus adversarios).
Sin embargo, el anuncio no le gustó al MAS. Había sido pensado exclusivamente por el Presidente y sus colaboradores más cercanos y tomó de sorpresa al partido oficialista, varios de cuyos militantes creyeron que con él se corría un riesgo innecesario. Esto se expresó en el proyecto de ley que al final produjo el Palacio Quemado, el cual estaba lleno de salvaguardas y condicionamientos, y por eso era inaceptable para la oposición (que decía aceptar, en términos generales, el desafío del Presidente).
Este proyecto establecía dos preguntas distintas para el votante, según se tratara de revocar a los primeros mandatarios o a los prefectos. Si se trataba de lo primero, la pregunta era: “¿Está usted de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente”. En cambio, si se trataba de lo segundo, la pregunta cambiaba: “¿Está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto?”. Como es lógico, oponer “cambio” a “continuidad” resultaba favorable para el Gobierno. Por otra parte, el proyecto establecía que sólo sería revocada la autoridad que obtuviera un rechazo superior al porcentaje y al número absoluto de votos que dicha autoridad hubiera obtenido cuando fue electa. Es decir, que para revocar al Presidente y Vicepresidente se necesitaba más del 53,7 por ciento de los votos (de la circunscripción nacional) y, al mismo tiempo, por lo menos un voto más de 1.544.374, que son el porcentaje y los sufragios logrados Morales y García Linera en 2005. La mayoría absoluta de los electores, por dar una cifra, no alcanzaba para echarlos.
Este sistema resultaba conveniente para el oficialismo e injusto para los prefectos, los cuales, a diferencia de Morales, no superaron el 50 por ciento de los votos en las elecciones de 2005. Por ejemplo, en el caso del prefecto de La Paz , José Luis Paredes, el sistema permitía que fuera destituido con el voto del 38 por ciento de los electores (de la circunscripción departamental), aunque el 62 por ciento restante lo apoyara.
Estas razones llevaron a la oposición a rechazar y resistir el proyecto de referendo, aunque ésta siguió manifestando su apoyo a la realización de un proceso revocatorio. Pese a todo, a principios de año el proyecto oficialista se aprobó en la Cámara de Diputados, controlada por el MAS. Luego pasó al Senado, que se encuentra en manos de la oposición y allí, como era previsible, se lo “congeló”. Y así se mantuvo, “congelado”, desde aquella época hasta esta semana.
El Gobierno tampoco se interesó en “descongelarlo” durante estos cuatro meses. Y es que entretanto las circunstancias políticas cambiaron, mayormente en contra suyo. Se desató la inflación. La nacionalización del gas comenzó a traer más problemas de los previstos. La nueva Constitución no pudo aprobarse plenamente. Hubo violencia e ingobernabilidad. Pero sobre todo se intensificó el enfrentamiento con Santa Cruz, departamento que dirige la lucha por frenar las transformaciones izquierdistas impulsadas por Morales. La pasada semana, este Departamento organizó un referendo --no reconocido por las autoridades nacionales-- en el que el 85 por ciento de los electores aprobaron un Estatuto Autonómico que es filosóficamente inverso al proyecto de Constitución impulsado por el Presidente. En números absolutos, esto significa más o menos 500 mil personas. El MAS, por su parte, llamó a la abstención, obteniendo un 22 por ciento de ausentismo adicional al que había habido antes (17 por ciento), es decir, despertó la adhesión de alrededor de 200 mil personas.
Este contraste, sumado a las encuestas que muestran el creciente abandono de las clases medias urbanas de las posiciones evistas, provocaron un extraño suceso: El 8 de mayo, el Senado opositor “descongeló” el proyecto de referendo revocatorio del Gobierno y lo aprobó completamente, sin cambiarle ni una coma, con lo que automáticamente lo convirtió en ley (en cambio, si hubiera alterado algo se habría necesitado convocar a una sesión plenaria del Congreso, cuya mayoría es oficialista). En otras palabras, se apropió de una bandera que había sido hasta entonces del otro bando, con la picardía que suele caracterizar a los políticos latinoamericanos y, en especial, a los bolivianos. Picardía, por un lado, e ilusión, por el otro. La ilusión de poder transformar el proceso histórico, hasta ahora estancado en una suerte de “empate” entre fuerzas populistas y liberales; es decir, la “ilusión del desempate”, la misma que en diciembre de 2007 llevó al presidente Morales a concebir el referendo revocatorio. Una vez más la política boliviana se convertía en un juego de espejos.
La maniobra de la oposición, aparentemente “genial”, dejó estupefactos a propios y extraños. Fue divertido ver a los senadores del MAS tratando de impedir la aprobación de una ley que tenía su sello y que ellos debían haber promovido. Las primeras reacciones del Poder Ejecutivo fueron de rechazo. El vocero gubernamental dijo que Podemos, el principal partido opositor del país, quería incrementar la inestabilidad política y desgastar al Presidente. Muchos suponían que éste vetaría la ley que él mismo había propuesto, pero en otra época, con lo que realmente habría caído dentro de un brillante “jaque”. O, mejor, se habría producido el perfecto retorno del boomerang que el propio Morales arrojó en diciembre de 2007.
Pero horas después todo volvió a cambiar. El Gobierno se reunió a evaluar la situación. Al cabo de esa junta, Morales apareció ante la prensa y aceptó el desafío de ir al proceso revocatorio. Al día siguiente, los titulares de todos los periódicos dieron por hecho que en 90 días más, los bolivianos volveremos a las urnas, por quinta vez en los últimos seis años (casi una votación nacional por año). Éste será el tercer referendo nacional que se efectúe en este relativamente corto y muy agitado periodo de nuestra nunca calmada vida republicana. Tomando en cuenta lo que cuestan los comicios, y los escasos resultados que dan, quizá esta generación de bolivianos pase a la historia como la que despilfarró la plata del gas en elecciones. Por cierto, existe la seria posibilidad de que el referendo revocatorio termine exactamente en el mismo punto en el que estamos hoy, es decir, que la población ratifique a Evo y también a los principales prefectos opositores, con los que la “ilusión del desempate” se revelará como un verdadero espejismo.
No toda la oposición está de acuerdo con la movida de Podemos en el Senado. Una personalidad cruceña clave, Gabriel Dabdoub, actualmente presidente de los empresarios del país, declaró que el referendo revocatorio no resolverá nada y que Morales debe concluir su mandato. Otro importante empresario cruceño me dijo que sacar a Evo de su cargo antes de que se desprestigiase en El Alto --ciudad que constituye su principal baluarte y que, por su proximidad a las sedes de los poderes públicos, es gravitante para la gobernabilidad del país-- sería un suicidio.
Por otra parte, el referendo es una mala noticia para todos los prefectos, incluso para los que más respaldo popular tienen, como Rubén Costas, de Santa Cruz, que de todas maneras deberán entrar en campaña electoral. En el caso de los prefectos de Tarija, Pando y Beni, tendrán que hacerlo al mismo tiempo que siguen organizando los referendos autonómicos que planean realizar en sus departamentos para seguir la senda abierta por Santa Cruz.
Sin el respaldo de los hombres de negocios cruceños --suponiendo que no logren convencerlos--, y cuando todavía el desprestigio del gobierno no se ha generalizado a las ciudades andinas del país y al campo, los políticos opositores tendrán serias dificultades para obtener la mayoría que necesitan para sacar a Evo Morales del Palacio Quemado. El boomerang que está en el aire podría retornar una vez más para estrellarse contra ellos. Un MAS ratificado por la urnas podría tornarse mucho más agresivo contra los disidentes.
Por otra parte, las posibilidades no son menos inquietantes si la oposición llegara a triunfar. En ese caso, ¿quién podría reemplazar al actual Presidente, ganar las elecciones que tendrían que convocarse 180 días después del referendo y gobernar el país pese al odio de El Alto y de miles de indígenas del occidente? O, dicho de otra forma, ¿puede la picardía sustituir a la inteligencia?
La situación boliviana actual no requiere de un análisis sociopolítico, sino de un psicoanálisis. En diciembre del año pasado, el presidente Evo Morales, que veía que sus iniciativas, entre ellas la aprobación de una nueva Constitución, eran sistemáticamente bloqueadas por los prefectos opositores que gobiernan seis de los nueve departamentos del país, decidió imitar el “referendo revocatorio” de la Constitución de Venezuela y anunció la presentación de un proyecto de ley sin antecedentes en la tradición boliviana. ‘Pido que el Congreso convoque al pueblo --dijo entonces el Presidente-- a votar por mantener o revocar los mandatos del presidente, el vicepresidente y los prefectos departamentales’. Al parecer su idea era aprovechar su popularidad, que entonces nadie dudaba, para sacar a los prefectos del escenario y destrabar el proceso político (suponiendo que el electorado lo ratificaría y en cambio destituiría a sus adversarios).
Sin embargo, el anuncio no le gustó al MAS. Había sido pensado exclusivamente por el Presidente y sus colaboradores más cercanos y tomó de sorpresa al partido oficialista, varios de cuyos militantes creyeron que con él se corría un riesgo innecesario. Esto se expresó en el proyecto de ley que al final produjo el Palacio Quemado, el cual estaba lleno de salvaguardas y condicionamientos, y por eso era inaceptable para la oposición (que decía aceptar, en términos generales, el desafío del Presidente).
Este proyecto establecía dos preguntas distintas para el votante, según se tratara de revocar a los primeros mandatarios o a los prefectos. Si se trataba de lo primero, la pregunta era: “¿Está usted de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente”. En cambio, si se trataba de lo segundo, la pregunta cambiaba: “¿Está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto?”. Como es lógico, oponer “cambio” a “continuidad” resultaba favorable para el Gobierno. Por otra parte, el proyecto establecía que sólo sería revocada la autoridad que obtuviera un rechazo superior al porcentaje y al número absoluto de votos que dicha autoridad hubiera obtenido cuando fue electa. Es decir, que para revocar al Presidente y Vicepresidente se necesitaba más del 53,7 por ciento de los votos (de la circunscripción nacional) y, al mismo tiempo, por lo menos un voto más de 1.544.374, que son el porcentaje y los sufragios logrados Morales y García Linera en 2005. La mayoría absoluta de los electores, por dar una cifra, no alcanzaba para echarlos.
Este sistema resultaba conveniente para el oficialismo e injusto para los prefectos, los cuales, a diferencia de Morales, no superaron el 50 por ciento de los votos en las elecciones de 2005. Por ejemplo, en el caso del prefecto de La Paz , José Luis Paredes, el sistema permitía que fuera destituido con el voto del 38 por ciento de los electores (de la circunscripción departamental), aunque el 62 por ciento restante lo apoyara.
Estas razones llevaron a la oposición a rechazar y resistir el proyecto de referendo, aunque ésta siguió manifestando su apoyo a la realización de un proceso revocatorio. Pese a todo, a principios de año el proyecto oficialista se aprobó en la Cámara de Diputados, controlada por el MAS. Luego pasó al Senado, que se encuentra en manos de la oposición y allí, como era previsible, se lo “congeló”. Y así se mantuvo, “congelado”, desde aquella época hasta esta semana.
El Gobierno tampoco se interesó en “descongelarlo” durante estos cuatro meses. Y es que entretanto las circunstancias políticas cambiaron, mayormente en contra suyo. Se desató la inflación. La nacionalización del gas comenzó a traer más problemas de los previstos. La nueva Constitución no pudo aprobarse plenamente. Hubo violencia e ingobernabilidad. Pero sobre todo se intensificó el enfrentamiento con Santa Cruz, departamento que dirige la lucha por frenar las transformaciones izquierdistas impulsadas por Morales. La pasada semana, este Departamento organizó un referendo --no reconocido por las autoridades nacionales-- en el que el 85 por ciento de los electores aprobaron un Estatuto Autonómico que es filosóficamente inverso al proyecto de Constitución impulsado por el Presidente. En números absolutos, esto significa más o menos 500 mil personas. El MAS, por su parte, llamó a la abstención, obteniendo un 22 por ciento de ausentismo adicional al que había habido antes (17 por ciento), es decir, despertó la adhesión de alrededor de 200 mil personas.
Este contraste, sumado a las encuestas que muestran el creciente abandono de las clases medias urbanas de las posiciones evistas, provocaron un extraño suceso: El 8 de mayo, el Senado opositor “descongeló” el proyecto de referendo revocatorio del Gobierno y lo aprobó completamente, sin cambiarle ni una coma, con lo que automáticamente lo convirtió en ley (en cambio, si hubiera alterado algo se habría necesitado convocar a una sesión plenaria del Congreso, cuya mayoría es oficialista). En otras palabras, se apropió de una bandera que había sido hasta entonces del otro bando, con la picardía que suele caracterizar a los políticos latinoamericanos y, en especial, a los bolivianos. Picardía, por un lado, e ilusión, por el otro. La ilusión de poder transformar el proceso histórico, hasta ahora estancado en una suerte de “empate” entre fuerzas populistas y liberales; es decir, la “ilusión del desempate”, la misma que en diciembre de 2007 llevó al presidente Morales a concebir el referendo revocatorio. Una vez más la política boliviana se convertía en un juego de espejos.
La maniobra de la oposición, aparentemente “genial”, dejó estupefactos a propios y extraños. Fue divertido ver a los senadores del MAS tratando de impedir la aprobación de una ley que tenía su sello y que ellos debían haber promovido. Las primeras reacciones del Poder Ejecutivo fueron de rechazo. El vocero gubernamental dijo que Podemos, el principal partido opositor del país, quería incrementar la inestabilidad política y desgastar al Presidente. Muchos suponían que éste vetaría la ley que él mismo había propuesto, pero en otra época, con lo que realmente habría caído dentro de un brillante “jaque”. O, mejor, se habría producido el perfecto retorno del boomerang que el propio Morales arrojó en diciembre de 2007.
Pero horas después todo volvió a cambiar. El Gobierno se reunió a evaluar la situación. Al cabo de esa junta, Morales apareció ante la prensa y aceptó el desafío de ir al proceso revocatorio. Al día siguiente, los titulares de todos los periódicos dieron por hecho que en 90 días más, los bolivianos volveremos a las urnas, por quinta vez en los últimos seis años (casi una votación nacional por año). Éste será el tercer referendo nacional que se efectúe en este relativamente corto y muy agitado periodo de nuestra nunca calmada vida republicana. Tomando en cuenta lo que cuestan los comicios, y los escasos resultados que dan, quizá esta generación de bolivianos pase a la historia como la que despilfarró la plata del gas en elecciones. Por cierto, existe la seria posibilidad de que el referendo revocatorio termine exactamente en el mismo punto en el que estamos hoy, es decir, que la población ratifique a Evo y también a los principales prefectos opositores, con los que la “ilusión del desempate” se revelará como un verdadero espejismo.
No toda la oposición está de acuerdo con la movida de Podemos en el Senado. Una personalidad cruceña clave, Gabriel Dabdoub, actualmente presidente de los empresarios del país, declaró que el referendo revocatorio no resolverá nada y que Morales debe concluir su mandato. Otro importante empresario cruceño me dijo que sacar a Evo de su cargo antes de que se desprestigiase en El Alto --ciudad que constituye su principal baluarte y que, por su proximidad a las sedes de los poderes públicos, es gravitante para la gobernabilidad del país-- sería un suicidio.
Por otra parte, el referendo es una mala noticia para todos los prefectos, incluso para los que más respaldo popular tienen, como Rubén Costas, de Santa Cruz, que de todas maneras deberán entrar en campaña electoral. En el caso de los prefectos de Tarija, Pando y Beni, tendrán que hacerlo al mismo tiempo que siguen organizando los referendos autonómicos que planean realizar en sus departamentos para seguir la senda abierta por Santa Cruz.
Sin el respaldo de los hombres de negocios cruceños --suponiendo que no logren convencerlos--, y cuando todavía el desprestigio del gobierno no se ha generalizado a las ciudades andinas del país y al campo, los políticos opositores tendrán serias dificultades para obtener la mayoría que necesitan para sacar a Evo Morales del Palacio Quemado. El boomerang que está en el aire podría retornar una vez más para estrellarse contra ellos. Un MAS ratificado por la urnas podría tornarse mucho más agresivo contra los disidentes.
Por otra parte, las posibilidades no son menos inquietantes si la oposición llegara a triunfar. En ese caso, ¿quién podría reemplazar al actual Presidente, ganar las elecciones que tendrían que convocarse 180 días después del referendo y gobernar el país pese al odio de El Alto y de miles de indígenas del occidente? O, dicho de otra forma, ¿puede la picardía sustituir a la inteligencia?
Referéndum revocatorio III
El referéndum revocatorio no resolverá nada.
Apenas la ratificación de las heridas y problemas que dividen Bolivia... O nuestra particular (e infinita) capacidad para postergar la resolución de los problemas siempre con un más imaginativo volador de luces, o una apuesta mayor en la ruleta en la que se ha convertido la política boliviana.
El referéndum revocatorio fue inicialmente esgrimido por el propio gobierno en noviembre pasado para "redefinir la correlación de fuerzas", pero las encuestas hicieron que diera marcha atrás y se olvidara de la idea. A fin de cuentas todo iba a quedar igual, sólo que con mayor legitimidad para los Prefectos.
El hecho de que ahora sea la oposición quien lo plantee, obedece a la misma lógica: hay quienes consideran que pueden lograr la revocatoria del mandato de Evo Morales, obnubilados como están en la victoria del domingo pasado... con más adrenalina que sensatez y olvidándose que Bolivia es ancha y ajena.
Esperan reproducir la derrota que le infringió la oposición a Hugo Chávez en el referéndum venezolano de diciembre pasado y que le impidió la reelección. ¿Quién sabe? Es difícil hacer pronósticos. Lo concreto es que ni la pregunta es la misma ni los procesos boliviano y venezolano pueden ser comparados.
El gobierno no esperaba que después de perder la iniciativa política en las últimas semanas, la situación continuara igual luego del referéndum autonómico. Se equivocó. Apenas es reactivo ante hechos políticos ya consumados. Ese es el principal golpe que le dio Santa Cruz, como lo demuestra la pelea que tuvo con la Iglesia Católica porque el Cardenal fue a votar (¿cómo pueden ser tan infantiles?).
Por eso era tan difícil para el oficialismo hacer lo que era más sensato: decir que el referéndum no resuelve nada y que sólo será un derroche de recursos sin sentido. Pero puestos a ver quién es el más macho...
Unos enceguecidos por la victoria del domingo, pensando que lo ocurrido en Santa Cruz es lo que ocurre en todo el país... Otros incapaces de reconocer que algo ha cambiado a raíz de lo ocurrido ese día...
En fin, que estamos (y disculpen la expresión) entre el moco y la baba.
Apenas la ratificación de las heridas y problemas que dividen Bolivia... O nuestra particular (e infinita) capacidad para postergar la resolución de los problemas siempre con un más imaginativo volador de luces, o una apuesta mayor en la ruleta en la que se ha convertido la política boliviana.
El referéndum revocatorio fue inicialmente esgrimido por el propio gobierno en noviembre pasado para "redefinir la correlación de fuerzas", pero las encuestas hicieron que diera marcha atrás y se olvidara de la idea. A fin de cuentas todo iba a quedar igual, sólo que con mayor legitimidad para los Prefectos.
El hecho de que ahora sea la oposición quien lo plantee, obedece a la misma lógica: hay quienes consideran que pueden lograr la revocatoria del mandato de Evo Morales, obnubilados como están en la victoria del domingo pasado... con más adrenalina que sensatez y olvidándose que Bolivia es ancha y ajena.
Esperan reproducir la derrota que le infringió la oposición a Hugo Chávez en el referéndum venezolano de diciembre pasado y que le impidió la reelección. ¿Quién sabe? Es difícil hacer pronósticos. Lo concreto es que ni la pregunta es la misma ni los procesos boliviano y venezolano pueden ser comparados.
El gobierno no esperaba que después de perder la iniciativa política en las últimas semanas, la situación continuara igual luego del referéndum autonómico. Se equivocó. Apenas es reactivo ante hechos políticos ya consumados. Ese es el principal golpe que le dio Santa Cruz, como lo demuestra la pelea que tuvo con la Iglesia Católica porque el Cardenal fue a votar (¿cómo pueden ser tan infantiles?).
Por eso era tan difícil para el oficialismo hacer lo que era más sensato: decir que el referéndum no resuelve nada y que sólo será un derroche de recursos sin sentido. Pero puestos a ver quién es el más macho...
Unos enceguecidos por la victoria del domingo, pensando que lo ocurrido en Santa Cruz es lo que ocurre en todo el país... Otros incapaces de reconocer que algo ha cambiado a raíz de lo ocurrido ese día...
En fin, que estamos (y disculpen la expresión) entre el moco y la baba.
Referéndum revocatorio III
El referéndum revocatorio no resolverá nada.
Apenas la ratificación de las heridas y problemas que dividen Bolivia... O nuestra particular (e infinita) capacidad para postergar la resolución de los problemas siempre con un más imaginativo volador de luces, o una apuesta mayor en la ruleta en la que se ha convertido la política boliviana.
El referéndum revocatorio fue inicialmente esgrimido por el propio gobierno en noviembre pasado para "redefinir la correlación de fuerzas", pero las encuestas hicieron que diera marcha atrás y se olvidara de la idea. A fin de cuentas todo iba a quedar igual, sólo que con mayor legitimidad para los Prefectos.
El hecho de que ahora sea la oposición quien lo plantee, obedece a la misma lógica: hay quienes consideran que pueden lograr la revocatoria del mandato de Evo Morales, obnubilados como están en la victoria del domingo pasado... con más adrenalina que sensatez y olvidándose que Bolivia es ancha y ajena.
Esperan reproducir la derrota que le infringió la oposición a Hugo Chávez en el referéndum venezolano de diciembre pasado y que le impidió la reelección. ¿Quién sabe? Es difícil hacer pronósticos. Lo concreto es que ni la pregunta es la misma ni los procesos boliviano y venezolano pueden ser comparados.
El gobierno no esperaba que después de perder la iniciativa política en las últimas semanas, la situación continuara igual luego del referéndum autonómico. Se equivocó. Apenas es reactivo ante hechos políticos ya consumados. Ese es el principal golpe que le dio Santa Cruz, como lo demuestra la pelea que tuvo con la Iglesia Católica porque el Cardenal fue a votar (¿cómo pueden ser tan infantiles?).
Por eso era tan difícil para el oficialismo hacer lo que era más sensato: decir que el referéndum no resuelve nada y que sólo será un derroche de recursos sin sentido. Pero puestos a ver quién es el más macho...
Unos enceguecidos por la victoria del domingo, pensando que lo ocurrido en Santa Cruz es lo que ocurre en todo el país... Otros incapaces de reconocer que algo ha cambiado a raíz de lo ocurrido ese día...
En fin, que estamos (y disculpen la expresión) entre el moco y la baba.
Apenas la ratificación de las heridas y problemas que dividen Bolivia... O nuestra particular (e infinita) capacidad para postergar la resolución de los problemas siempre con un más imaginativo volador de luces, o una apuesta mayor en la ruleta en la que se ha convertido la política boliviana.
El referéndum revocatorio fue inicialmente esgrimido por el propio gobierno en noviembre pasado para "redefinir la correlación de fuerzas", pero las encuestas hicieron que diera marcha atrás y se olvidara de la idea. A fin de cuentas todo iba a quedar igual, sólo que con mayor legitimidad para los Prefectos.
El hecho de que ahora sea la oposición quien lo plantee, obedece a la misma lógica: hay quienes consideran que pueden lograr la revocatoria del mandato de Evo Morales, obnubilados como están en la victoria del domingo pasado... con más adrenalina que sensatez y olvidándose que Bolivia es ancha y ajena.
Esperan reproducir la derrota que le infringió la oposición a Hugo Chávez en el referéndum venezolano de diciembre pasado y que le impidió la reelección. ¿Quién sabe? Es difícil hacer pronósticos. Lo concreto es que ni la pregunta es la misma ni los procesos boliviano y venezolano pueden ser comparados.
El gobierno no esperaba que después de perder la iniciativa política en las últimas semanas, la situación continuara igual luego del referéndum autonómico. Se equivocó. Apenas es reactivo ante hechos políticos ya consumados. Ese es el principal golpe que le dio Santa Cruz, como lo demuestra la pelea que tuvo con la Iglesia Católica porque el Cardenal fue a votar (¿cómo pueden ser tan infantiles?).
Por eso era tan difícil para el oficialismo hacer lo que era más sensato: decir que el referéndum no resuelve nada y que sólo será un derroche de recursos sin sentido. Pero puestos a ver quién es el más macho...
Unos enceguecidos por la victoria del domingo, pensando que lo ocurrido en Santa Cruz es lo que ocurre en todo el país... Otros incapaces de reconocer que algo ha cambiado a raíz de lo ocurrido ese día...
En fin, que estamos (y disculpen la expresión) entre el moco y la baba.
Referéndum revocatorio II
Si el Presidente de la República y el Vicepresidente de la República fueran revocados en su gestión, el Presidente de la República convocará a elecciones generales, por un nuevo período constitucional, en un plazo de 90 a 180 días, desde la emisión del cómputo oficial emitido por la Corte Nacional Electoral, en el marco de la normativa electoral vigente.
Los Prefectos que fueran revocados en su gestión, cesarán en sus funciones, el cargo será declarado vacante y conforme dispone la Constitución Política del Estado, el Presidente de la República designará al Prefecto que ejercerá funciones hasta tanto se designe al nuevo Prefecto como resultado del proceso eleccionario correspondiente.
Los Prefectos que fueran revocados en su gestión, cesarán en sus funciones, el cargo será declarado vacante y conforme dispone la Constitución Política del Estado, el Presidente de la República designará al Prefecto que ejercerá funciones hasta tanto se designe al nuevo Prefecto como resultado del proceso eleccionario correspondiente.
Referéndum revocatorio
I. Se revocará la gestión del Presidente de la República y del Vicepresidente de la República si el resultado del Referéndum por el NO a la pregunta establecida en el Artículo 5 de la presente Ley, alcance a un porcentaje superior a cincuenta y tres, setecientos cuarenta por ciento (53,740%) y una votación superior a 1.544.374 votos.
II. Se revocará la gestión de los Prefectos de Departamento si el resultado del Referéndum por el NO a la pregunta establecida en el Artículo 6 de la presente Ley, alcance a porcentajes y votaciones superiores a las obtenidas en las elecciones de 18 de diciembre de 2005, de acuerdo a la siguiente tabla de resultados: Prefecto de La Paz, 361.055 votos (37.988%); Prefecto de Chuquisaca, 66.999 votos (42.306%); Prefecto de Pando 9.958 votos (48.032%); Prefecto de Beni, 46.842 votos (44.637%); Prefecto de Santa Cruz, 299.730 votos (47.877%); Prefecto de Oruro, 63.630 votos (40.954%); Prefecto de Potosí, 79.710 votos (40.690%); Prefecto de Tarija, 64.098 votos (45.646%); Prefecto de Cochabamba, 246.417 votos (47.641%).
(Fuente: La Ley de Referéndum Revocatorio de Mandato Popular)
II. Se revocará la gestión de los Prefectos de Departamento si el resultado del Referéndum por el NO a la pregunta establecida en el Artículo 6 de la presente Ley, alcance a porcentajes y votaciones superiores a las obtenidas en las elecciones de 18 de diciembre de 2005, de acuerdo a la siguiente tabla de resultados: Prefecto de La Paz, 361.055 votos (37.988%); Prefecto de Chuquisaca, 66.999 votos (42.306%); Prefecto de Pando 9.958 votos (48.032%); Prefecto de Beni, 46.842 votos (44.637%); Prefecto de Santa Cruz, 299.730 votos (47.877%); Prefecto de Oruro, 63.630 votos (40.954%); Prefecto de Potosí, 79.710 votos (40.690%); Prefecto de Tarija, 64.098 votos (45.646%); Prefecto de Cochabamba, 246.417 votos (47.641%).
(Fuente: La Ley de Referéndum Revocatorio de Mandato Popular)
El referendo cruceño y el costo de frenar a Evo
Por Fernando Molina, especial para Infolatam
Alrededor del 85 por ciento de los cruceños (según datos extraoficiales) acaba de aprobar un Estatuto Autonómico que, en teoría, les permitirá darse un completo auto-gobierno, sólo subordinado al Estado nacional en materia de defensa, moneda y relaciones exteriores. Si se aplicara plenamente, este Estatuto pondría a Santa Cruz en una situación similar a la del País Vasco dentro de España, incluso en cuanto al tratamiento de los impuestos nacionales como tributos locales de los cuales coparticipa el gobierno nacional.
Sin embargo, los efectos prácticos de esta abrumadora votación, que por otra parte todo el mundo esperaba, seguramente serán escasos, por lo menos en el terreno administrativo. El referendo se efectuó sin un claro respaldo legal y sin la aquiescencia de las autoridades nacionales, que durante varias semanas dudaron entre reprimirlo o, como sucedió al final, permitir su realización y desconocer sus resultados. Para el presidente Evo Morales y buena parte de los bolivianos del occidente del país, las atribuciones que pretende darse Santa Cruz son desmedidas e inaceptables. Por eso los seguidores de Morales en la capital de este Departamento y en la casi colindante Montero, así como en los pueblos de Yapacaní y San Julián –mayoritariamente habitados por inmigrantes del oeste– organizaron protestas e impidieron la votación en el cuatro por ciento de la mesas de sufragio, según la Corte Departamental Electoral. Por otra parte, resulta difícil que las autoridades cruceñas puedan usar las facultades que les concede el Estatuto aprobado, ya que la mayoría de las instituciones de gobierno que deberían comenzar a manejar, comenzando con el Servicio de Impuestos, tienen un carácter nacional. Desgajar la parte cruceña de estas instituciones requerirá de tiempo, de fondos y de la colaboración de La Paz, por lo que no es probable a corto plazo. Más factible resulta que, de aquí en adelante, los cruceños se aboquen a elegir la Asamblea Departamental que, según el Estatuto, debe funcionar como organismo legislativo. También se espera que en las próximas semanas otros tres departamentos efectúen sus propios referendos autonómicos –también rechazados por el gobierno–, aunque poniendo en consideración en ellos estatutos más moderados que los de Santa Cruz.
De este modo Bolivia, una vez más, gasta una gran cantidad de energías y de recursos –que por supuesto no tiene– en movilizaciones simbólicas, en demostraciones de fuerza, en complicadas y onerosas movidas ajedrecísticas dentro de una lucha que ya dura ocho años por evitar que se produzca una nueva revolución populista en el país (que ya ha vivido varias y sin embargo, o más bien por eso mismo, es el más pobre de Sudamérica). La lucha autonomista que encabeza Santa Cruz es el medio de la oposición para detener o por lo menos desviar el ímpetu redistribuidor y revanchista del gobierno de Evo Morales, que desde La Paz pretende construir un Estado justiciero y a la vez autoritario, a imitación del que gobierna Hugo Chávez en Venezuela. Hace menos de una semana, este proceso dio un nuevo fruto: la nacionalización “a la mala” de cuatro empresas petroleras y la principal compañía telefónica, acción que retiró la palabra empeñada por el Estado boliviano con compañías españolas, inglesas, norteamericanas, alemanas e italianas.
Sin embargo, el medio elegido por la oposición, aunque hasta ahora bastante eficiente, es peligroso porque alienta pasiones regionales que siempre han tensionado a Bolivia y que aquí no existe ningún Estado fuerte capaz de atenuar. La resistencia regional está frenando a Evo Morales, sí, pero al costo de –también ella– relativizar las leyes, debilitar las instituciones y despertar demonios (como el odio contra La Paz y contra los indígenas) cuya existencia explica buena parte de la historia de fracasos y de pobreza de Bolivia.
Alrededor del 85 por ciento de los cruceños (según datos extraoficiales) acaba de aprobar un Estatuto Autonómico que, en teoría, les permitirá darse un completo auto-gobierno, sólo subordinado al Estado nacional en materia de defensa, moneda y relaciones exteriores. Si se aplicara plenamente, este Estatuto pondría a Santa Cruz en una situación similar a la del País Vasco dentro de España, incluso en cuanto al tratamiento de los impuestos nacionales como tributos locales de los cuales coparticipa el gobierno nacional.
Sin embargo, los efectos prácticos de esta abrumadora votación, que por otra parte todo el mundo esperaba, seguramente serán escasos, por lo menos en el terreno administrativo. El referendo se efectuó sin un claro respaldo legal y sin la aquiescencia de las autoridades nacionales, que durante varias semanas dudaron entre reprimirlo o, como sucedió al final, permitir su realización y desconocer sus resultados. Para el presidente Evo Morales y buena parte de los bolivianos del occidente del país, las atribuciones que pretende darse Santa Cruz son desmedidas e inaceptables. Por eso los seguidores de Morales en la capital de este Departamento y en la casi colindante Montero, así como en los pueblos de Yapacaní y San Julián –mayoritariamente habitados por inmigrantes del oeste– organizaron protestas e impidieron la votación en el cuatro por ciento de la mesas de sufragio, según la Corte Departamental Electoral. Por otra parte, resulta difícil que las autoridades cruceñas puedan usar las facultades que les concede el Estatuto aprobado, ya que la mayoría de las instituciones de gobierno que deberían comenzar a manejar, comenzando con el Servicio de Impuestos, tienen un carácter nacional. Desgajar la parte cruceña de estas instituciones requerirá de tiempo, de fondos y de la colaboración de La Paz, por lo que no es probable a corto plazo. Más factible resulta que, de aquí en adelante, los cruceños se aboquen a elegir la Asamblea Departamental que, según el Estatuto, debe funcionar como organismo legislativo. También se espera que en las próximas semanas otros tres departamentos efectúen sus propios referendos autonómicos –también rechazados por el gobierno–, aunque poniendo en consideración en ellos estatutos más moderados que los de Santa Cruz.
De este modo Bolivia, una vez más, gasta una gran cantidad de energías y de recursos –que por supuesto no tiene– en movilizaciones simbólicas, en demostraciones de fuerza, en complicadas y onerosas movidas ajedrecísticas dentro de una lucha que ya dura ocho años por evitar que se produzca una nueva revolución populista en el país (que ya ha vivido varias y sin embargo, o más bien por eso mismo, es el más pobre de Sudamérica). La lucha autonomista que encabeza Santa Cruz es el medio de la oposición para detener o por lo menos desviar el ímpetu redistribuidor y revanchista del gobierno de Evo Morales, que desde La Paz pretende construir un Estado justiciero y a la vez autoritario, a imitación del que gobierna Hugo Chávez en Venezuela. Hace menos de una semana, este proceso dio un nuevo fruto: la nacionalización “a la mala” de cuatro empresas petroleras y la principal compañía telefónica, acción que retiró la palabra empeñada por el Estado boliviano con compañías españolas, inglesas, norteamericanas, alemanas e italianas.
Sin embargo, el medio elegido por la oposición, aunque hasta ahora bastante eficiente, es peligroso porque alienta pasiones regionales que siempre han tensionado a Bolivia y que aquí no existe ningún Estado fuerte capaz de atenuar. La resistencia regional está frenando a Evo Morales, sí, pero al costo de –también ella– relativizar las leyes, debilitar las instituciones y despertar demonios (como el odio contra La Paz y contra los indígenas) cuya existencia explica buena parte de la historia de fracasos y de pobreza de Bolivia.
Bolivia: hagan sus apuestas
Bolivia es el paraíso del juego, y los políticos, ludópatas compulsivos. Por eso pocos se sorprenden de que estén prohibidos los casinos o de que ante la perdida de iniciativa oficialista por el referéndum autonómico de Santa Cruz, la reacción fuera escalar el conflicto para retomar la agenda política.
Evo Morales optó por nacionalizar empresas petroleras (sobre lo cual había acuerdos previos porque el negocio alcanza para todos); e intentar nuevamente expropiar ENTEL (lo único que puede considerarse una patada al tablero).
Y la mala costumbre cunde: en los últimos días todos quienes siguen de cerca la política en la región apuestan sobre lo que pasará después de un referéndum que concentra la preocupación máxima de organismos como la OEA que desde hace semanas tratan de encontrar alternativas de diálogo y enfrentan la paradoja de que una de las partes (los movimientos regionales) quiere esperar hasta después del 4 de mayo para negociar con más fuerza, y la otra (el gobierno) quiere hacerlo antes por el mismo motivo.
¿Habrá estado de sitio? ¿Guerra civil, acaso? ¿Balcanización, división? Y, en ese caso, ¿quién se quedará con qué? Los más irresponsables incluso arriesgan el número de muertos que en días más enlutarán Bolivia.
La respuesta que se puede arriesgar a estos interrogantes es no: el lunes la lucha continuará en el campo simbólico (a la boliviana, claro está), con violencia esporádica como hasta ahora, pero sin definición de ningún tipo. Se trata de un proceso de largo aliento en el que se cierra un ciclo del Estado que nació después de la Revolución del ‘52 sin que nadie sepa a ciencia cierta qué vendrá después.
El referéndum del domingo es un momento culminante pero no definitivo: se vota por un estatuto autonómico parecido al español que fue redactado para hacer frente a la Constitución indigenista que el gobierno quiso aprobar y que hoy todos dan por desahuciada; se vota contra las medidas de desgaste económico (prohibición de exportaciones de aceite y recorte de recursos); pero por sobre todo se vota en adhesión o rechazo al gobierno.
Pero no nos engañemos, este proceso ha generado que Santa Cruz, el departamento económicamente más importante, el más rico, el más moderno (pero también el que tiene dirigentes más racistas y reaccionarios), esté a punto de consumar un acto que tendrá consecuencias para el futuro político y administrativo de Bolivia. El clivaje regional —al igual que el indígena que permitió la victoria de Morales hace dos años—, ahonda el empate catastrófico boliviano convirtiéndolo en un problema de seguridad nacional para todos los países de la región, incluido Chile.
El gobierno ha reaccionado con distintas estrategias para frenar al referéndum, conciente que le será adverso numérica y políticamente: la nacionalización es una de ellas, pero también bautizándolo como una “encuesta cara”, lo que significa que lo desconocerá pero permitirá que se lleve a cabo pacíficamente.
Por su parte, los cruceños saben que, una vez aprobado, el estatuto autonómico será poco más que papel en tanto no haya un acuerdo nacional o una Constitución que lo respalde y permita ponerlo en marcha.
Por eso, sea cual sea la correlación de fuerzas que arroje el referéndum del domingo (y los otros tres en preparación en regiones tan importantes como Tarija, donde se encuentra la riqueza gasífera del Chaco), el lunes Bolivia volverá a esa anomalía permanente a la que comienza a acostumbrarse, sin resolver la crisis estatal que la aqueja desde hace ocho años esperando la siguiente apuesta de los jugadores. Claro está, con un crupier cada vez más deteriorado, deprimido y agónico… pero aún entero.
Coordinador Observatorio de Política Regional Chile 21
(Publicado en La Tercera el domingo 4 de mayo de 2008)
Evo Morales optó por nacionalizar empresas petroleras (sobre lo cual había acuerdos previos porque el negocio alcanza para todos); e intentar nuevamente expropiar ENTEL (lo único que puede considerarse una patada al tablero).
Y la mala costumbre cunde: en los últimos días todos quienes siguen de cerca la política en la región apuestan sobre lo que pasará después de un referéndum que concentra la preocupación máxima de organismos como la OEA que desde hace semanas tratan de encontrar alternativas de diálogo y enfrentan la paradoja de que una de las partes (los movimientos regionales) quiere esperar hasta después del 4 de mayo para negociar con más fuerza, y la otra (el gobierno) quiere hacerlo antes por el mismo motivo.
¿Habrá estado de sitio? ¿Guerra civil, acaso? ¿Balcanización, división? Y, en ese caso, ¿quién se quedará con qué? Los más irresponsables incluso arriesgan el número de muertos que en días más enlutarán Bolivia.
La respuesta que se puede arriesgar a estos interrogantes es no: el lunes la lucha continuará en el campo simbólico (a la boliviana, claro está), con violencia esporádica como hasta ahora, pero sin definición de ningún tipo. Se trata de un proceso de largo aliento en el que se cierra un ciclo del Estado que nació después de la Revolución del ‘52 sin que nadie sepa a ciencia cierta qué vendrá después.
El referéndum del domingo es un momento culminante pero no definitivo: se vota por un estatuto autonómico parecido al español que fue redactado para hacer frente a la Constitución indigenista que el gobierno quiso aprobar y que hoy todos dan por desahuciada; se vota contra las medidas de desgaste económico (prohibición de exportaciones de aceite y recorte de recursos); pero por sobre todo se vota en adhesión o rechazo al gobierno.
Pero no nos engañemos, este proceso ha generado que Santa Cruz, el departamento económicamente más importante, el más rico, el más moderno (pero también el que tiene dirigentes más racistas y reaccionarios), esté a punto de consumar un acto que tendrá consecuencias para el futuro político y administrativo de Bolivia. El clivaje regional —al igual que el indígena que permitió la victoria de Morales hace dos años—, ahonda el empate catastrófico boliviano convirtiéndolo en un problema de seguridad nacional para todos los países de la región, incluido Chile.
El gobierno ha reaccionado con distintas estrategias para frenar al referéndum, conciente que le será adverso numérica y políticamente: la nacionalización es una de ellas, pero también bautizándolo como una “encuesta cara”, lo que significa que lo desconocerá pero permitirá que se lleve a cabo pacíficamente.
Por su parte, los cruceños saben que, una vez aprobado, el estatuto autonómico será poco más que papel en tanto no haya un acuerdo nacional o una Constitución que lo respalde y permita ponerlo en marcha.
Por eso, sea cual sea la correlación de fuerzas que arroje el referéndum del domingo (y los otros tres en preparación en regiones tan importantes como Tarija, donde se encuentra la riqueza gasífera del Chaco), el lunes Bolivia volverá a esa anomalía permanente a la que comienza a acostumbrarse, sin resolver la crisis estatal que la aqueja desde hace ocho años esperando la siguiente apuesta de los jugadores. Claro está, con un crupier cada vez más deteriorado, deprimido y agónico… pero aún entero.
Coordinador Observatorio de Política Regional Chile 21
(Publicado en La Tercera el domingo 4 de mayo de 2008)
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