En otras circunstancias la presa sería suculenta. Un ferrocarril privatizado por neoliberales, administrado por chilenos, estratégico para la economía… argumentos más que suficientes para filmar otro capítulo de la gran epopeya estatista que suele afiebrar a más de un partidario de Evo Morales.
Por eso hace unos días el propio Presidente boliviano se comprometió a nacionalizarlos y a terminar de una vez con la tan temida "capitalización" (política aquella que consistió —a trazos gruesos— en vender el paquete mayoritario de las empresas estatales bolivianas, otorgando el control y la administración a cambio de inversiones; es el caso de los ferrocarriles que fueron divididos en dos empresas, una que pertenece a los Luksic y la otra a una firma norteamericana. El resto de las acciones —algo más del 40%—, propiedad de los bolivianos, serían administradas por las AFP y sus utilidades estarían destinadas exclusivamente al pago de un bono anual de jubilación).
El experimento permitió inversiones por 1.600 millones de dólares y sanear las empresas gracias a la administración privada. Pero eso fue otra época. Hoy la "capitalización" ha sido maldecida y gran parte de la imagen de Evo Morales se construyó criticándola sin tregua. Tanto así que la nacionalización constituye el capítulo principal del plan de gobierno que lo llevó al poder.
Ahora bien, se han barajado muchas alternativas para cumplir la promesa de volver al Estado padre y protector que tanto anhela Morales. Una de ellas, por supuesto, es la confiscación. Pero es la menos probable porque ni siquiera con la industria petrolera tuvo ánimo suficiente, sea por pragmatismo político, sea por el costo internacional que ello implica, de tal forma que optó más bien por una reforma impositiva (en exploración y explotación), y la compra de dos refinerías.
Otra opción es la que ensayó con la italiana Telecom, controladora de Entel. Al igual que con las petroleras, se revirtieron las acciones de los bolivianos al Estado (alrededor del 40%), pero luego se intentó comprar sólo la diferencia necesaria para llegar al 51%. Telecom replicó que, o el gobierno compraba toda su participación, o no vendía nada. Además, pidió respaldo a la Comunidad Europea y arbitraje internacional. A partir de ahí silencio en ambas esquinas.
En resumen, si la confiscación petrolera significaba un escándalo que Morales no quería; la compra de Entel dependía de mucha plata que el gobierno no tenía.
¿Utilizará alguna de estas alternativas con el ferrocarril de los Luksic? ¿Lo comprará "amistosamente" o lo confiscará? Parecería que para eso falta un rato, y que las declaraciones realizadas el domingo pasado fueron un ejercicio de oratoria o, si fuéramos psicoanalistas, un acto fallido en el que afloró su inconciente. Esto es, Morales quiere nacionalizar pero por el momento no puede ir más allá de la retórica y la amenaza (con auditorías, por ejemplo).
A diferencia de Bolivia, el mundo mira bien a los privados y los defiende; además, la coyuntura política interna se ha tornado un tanto compleja, por eso quizá las energías se destinen a potenciar la inversión extranjera o las negociaciones con Chile, y no a boicotearlas como ahora poniendo una pistola sobre la mesa.
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