El 6 de agosto próximo no sólo será recordado por los bolivianos como otro aniversario patrio, sino como el día en que comenzará a sesionar la Asamblea Constituyente y -según Evo Morales- la "refundación" del país y el inicio de la segunda independencia de la República.
El tema genera acaloradas discusiones en Bolivia. Desde el cambio de los colores de la bandera o de la letra del himno nacional; hasta el deseo de que la elección de los diputados en circunscripciones indígenas sea en asambleas (y no por votación universal) o que la justicia comunitaria sea incorporada al Código Penal, occidental y recién reformado que se tenía hasta ahora.
Cuentan que cuando el imperio español comenzaba su declive, el Consejo de Indias discutió por años sobre la inmaculada concepción de la Virgen en lugar de pensar en lo que hacían sus competidores. Algo similar ocurre en Bolivia: El diálogo se está tornando metafísico mientras las oportunidades que genera el buen desempeño económico y el incremento de las exportaciones pasan por sus costados sin hacerle mella, a diferencia de todos sus vecinos sin excepción.
Si bien el alcance de la Asamblea Constituyente es una entelequia que se irá dilucidando con el tiempo, en asuntos más terrenales la discusión es otra. El oficialismo tiene 137 de los 255 representantes, o sea una mayoría holgada pero no los dos tercios requeridos para la aprobación de la nueva Constitución; por eso, en lugar de buscar el consenso, lucha porque todas las decisiones se tomen por mayoría simple. Además, los representantes del MAS sostienen que quieren una Constitución que reconozca un Estado pluricultural con hegemonía indígena, la modificación de la división geográfica del país y, por supuesto, la reelección del Presidente de la República. Esto significa para muchos opositores, centralismo y etnocentrismo con tufo racista; la apertura de la única Caja de Pandora que en Bolivia continúa cerrada: Los límites territoriales, con lo cual, si son ciertos los trascendidos, los halcones de Morales buscan disminuir el poder de Santa Cruz; y, finalmente, perpetuación en el poder para continuar con el modelo venezolano.
Pero también analistas más serios consideran que la Constituyente puede ser una oportunidad para generar mayor participación e inclusión social y terminar con la hegemonía de una elite que fue incapaz de resolver los problemas más elementales de las grandes mayorías excluidas.
En ese sentido, una reciente encuesta de Naciones Unidas sostiene que los bolivianos rechazan cualquier cambio a los colores de la enseña patria, el himno nacional o los límites departamentales, pero a la vez se inclinan por modificar el contenido social de la Constitución, sobre todo en áreas como la salud y la educación. Además, el 50 por ciento cree que la Carta Magna debe ser modificada sólo en parte, y un 35 por ciento cree que el cambio debe ser total.
O sea, ni tanto ni tan poco, sabiduría popular que le dicen, además de algo de cordura que siempre hace falta y rechazo a esos trágicos ensayos maximalistas y "refundacionales" de los que están llenos los libros de historia.
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